La Justicia Federal decidió dejar sin efecto la medida cautelar que frenaba el decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el cual se anuló la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, por haberse realizado mediante una operación ilegítima y a precio vil en la década del 90.
La medida fue adoptada por el juez Iván Garbarino, titular del juzgado nacional de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal 8 de la Capital Federal, quien dispuso el levantamiento de la medida cautelar que suspendía el decreto presidencial que revocó por «ilegitimo» al decreto firmado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, con el cual aprobaba el boleto de compra-venta del Predio Ferial de Palermo suscripto por el Estado Nacional y la sociedad Rural Argentina.
La anulación de la venta del predio, anunciada por Cristina a fines de 2012 y luego trabada en la justica hasta el martes, se fundamentó en que «la venta a favor de la Sociedad Rural Argentina fue instrumentada a un precio vil de 30 millones de dólares, con financiación a diez años, importe que, incluso, no fue abonado por la entidad agropecuaria».
Garbarino consideró para su fallo, la existencia de informes periciales que indicaron que el valor del inmueble era sustancialmente superior al fijado para su venta. Entre sus fundamentos, el juez federal señaló que la medida cautelar concedida a principios de 2013 que frenaba el decreto «había excedido con creces los límites temporales» fijados por ley para este tipo de medidas (Seis meses)», teniendo en cuenta a su vez la «escasa» vocación por parte de la Sociedad Rural para impulsar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, Garbarino manifestó que tras lo actuado por el juez Torres existen elementos suficientes para estimar que la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural fue un hecho «delictuoso», razón por la cual la entidad agropecuaria no debe ser merecedora de la protección cautelar que le había sido concedida en 2013.
La Sociedad Rural Argentina en su apelación, recordó que un decreto de la Presidenta, no alcanza para declarar nula aquella compraventa. Y, por eso, volvió a sostener que debe mantenerse la cautelar mientras se tramita el juicio civil donde se discute este asunto de fondo.
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