Diputados aprobó un polémico paquete de proyectos judiciales acusado de «blindaje»

Durante una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados convirtió en ley un polémico paquete de proyectos judiciales para implementar el nuevo Código Procesal Penal, avanzar con un régimen de designación de jueces subrogantes y crear una Cámara Federal de Apelaciones en Santa Cruz. Los legisladores opositores lo consideraron una “búsqueda de impunidad” y «blindaje judicial» para los funcionarios del Gobierno.

Estas iniciativas le permitirían al oficialismo nombrar conjueces y jueces subrogantes afines sin la necesidad del acuerdo de la Cámara de Senadores no sólo en los juzgados que están vacantes sino también en los que fueron creados por ley pero que todavía no están en funcionamiento. Esto, gracias a su mayoría en el Consejo de la Magistratura, que mantendrá hasta diciembre próximo. Además, por la nueva ley de Ministerio Público, se le conferirán facultades discrecionales al titular de la Procuración General, además de la potestad de nombrar a 2300 agentes. Hoy este organismo está a cargo de Alejandra Gils Carbó, cercana al Gobierno.

Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, advirtió en declaraciones a Radio Mitre que la sanción definitiva del paquete de leyes que permiten implementarlo desde el 1º de marzo de 2016 busca «la impunidad de los funcionarios».

“Si sumamos las atribuciones al titular del Ministerio Público y la designación arbitraria de jueces y fiscales, el resultado de estos proyectos será buscar la impunidad de la Presidenta, sus funcionarios y su familia”, dijo Pablo Tonelli (Pro).

“El Gobierno viene usando la administración pública para reclutar militantes, la proliferación de cargos públicos produce la destrucción de la carrera judicial”, dijo Margarita Stolbizer (GEN) al referirse en su discurso a los más de 2300 cargos que se abrirán con el paquete de proyectos.

«No tiene lógica que los fiscales de distrito sean designados a dedo por la Procuración; son fiscales que tienen un gran poder en la asignación de causas y en la facultad de decidir cuándo se desestima una acción penal», dijo el diputado Juan Carlos Zabalza (FAP).

Además, el «blindaje judicial» incluye la postergación de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en la justicia federal. En cambio, éste comenzará por aplicarse en la justicia nacional de la Capital a partir de marzo del año que viene. La diputada Patricia Bullrich (Unión Pro) advirtió que esto obedecería a un «pacto» entre el Gobierno y los jueces federales –que no quieren ceder poder frente a los fiscales con el nuevo Código Procesal Penal– lo que implicaría una parálisis en las causas por corrupción que pudieran afectar al Gobierno.

También se aprobó la creación de una Cámara de Apelaciones en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, un pueblo de 6000 habitantes en la provincia de Santa Cruz. Las causas que tramiten en los juzgados federales de Tierra del Fuego y Santa Cruz no irán a parar en apelación a la Cámara de Comodoro Rivadavia, en Chubut, sino a este tribunal en la provincia natal de Néstor Kirchner. La oposición sospecha que esta nueva cámara tiene como objetivo garantizar que las causas contra el empresario Lázaro Báez y los funcionarios kirchneristas de la provincia puedan ser desviadas para garantizarse impunidad en las distintas causas de corrupción y lavado de dinero.