Fracasa el plan de la izquierda y Moyano para romper el acuerdo de Macri y gobernadores

Los sobresaltos políticos del Gobierno y del país en estos días dejaron en segundo plano el debate económico, una agenda que en el cierre del año se repite alrededor de la discusión de siempre: el gradualismo porque el déficit fiscal es complejo de bajar y tiene que ser financiado con deuda, la inflación que sigue, las altas tasas de interés, el atraso cambiario y la falta de competitividad del país en su conjunto.

Frente a la tristeza y a la tensiones políticas derivadas de la tragedia del Submarino desaparecido en el mar argentino, más la preocupación por la escalada de violencia en la Patagonia, con otra muerte en refriegas entre las fuerzas de seguridad y grupos radicalizados cada vez más violentos; algo de alivio apareció ayer cuando finalmente el Senado logró juntar dos tercios de los votos para comenzar el debate del paquete de leyes acordado entre el Presidente y los gobernadores.

No estaría dando resultado el intento de la oposición más dura contra el presidente Macri de enrarecer el clima político y voltear los acuerdos parlamentarios, la estrategia fallida del kirchnerismo más los partidos y gremios de izquierda, a la que se sumó el moyanismo sindical para tratar de romper el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la CGT.

Tal vez colaboró para calmar a los camioneros y que se cumpla lo acordado un decisivo fallo que se conoció just in time en la tarde de ayer en la justicia comercial, que abre la puerta a que proceda el concurso de la empresa OCA y pueda así seguir operando con autorización postal en convocatoria de acreedores, siempre que lo autorice la AFIP. El martes, en el caso que afecta al conglomerado empresario de Cristóbal López, el ente recaudador dio alguna pista: aclaró en forma oficial que ninguna de sus acciones impide que ese grupo empresario se reorganice para seguir operando incluso con otros dueños, sin perjuicio de las causas judiciales que se le siguen a sus titulares por los delitos de evasión.

Casi como el viejo chiste del médico que le había dado 6 meses de vida al paciente, y cuando éste le confesó que no podía pagarle, le dio 6 meses más.

Con la agenda parlamentaria más/menos encaminada para ir aprobando las reformas que presentó el Gobierno, resta seguir de cerca la suerte final de cada uno de los proyectos. Nada que vaya a cambiar sustancialmente la situación económica de corto plazo. Sí, en cambio, la buena noticia de Moodys para los bonos argentinos ayer, con la suba de la calificación para la deuda argentina de B3 a B2.

El Senado mostró ayer que está en condiciones de acelerar el trámite juntando los votos del oficialismo con el peronismo no K. En Diputados ya la semana pasada se confirmó que el Gobierno logra sumar entre 140 y 180 voluntades con el PJ y el Frente Renovador. El bloque más opositor del Frente para la Victoria que conducirá el cristinista Agustín Rossi estaría en condiciones de juntar no más de 60 o 65 diputados, insuficientes para trabar las leyes que acordó Macri con los gobernadores.

En principio, la Casa Rosada se asegura la aprobación antes del 10 de diciembre de los proyectos que ahora gire el Senado a Diputados. Entre ellos, el crucial recalculo del ajuste jubilatorio y un detalle no menor, la opción para los trabajadores de jubilares 5 años después de lo que hoy marca la ley. El tema importa hacia adentro de las organizaciones. Ya no serán tan atractivos los planes de retiro voluntario para los ejecutivos con cargos y sueldos altos a punto de jubilarse que querrán seguir en sus puestos, prorroga de la vida laboral para los mayores que subirá costos para los empleadores y frustra también las aspiraciones de los más jóvenes. «Pensé que mi jefe se jubilaba el año próximo y yo ascendía. Ahora me lo voy a tener que bancar 5 años más», comentaba deprimido un ejecutivo de un banco local.

También parece sin mayores problemas la aprobación del acuerdo fiscal entre las provincias y el gobierno central, el repartir de impuestos y las compensaciones a los estados provinciales sobre todo a Buenos Aires; en tanto que la reforma laboral que luce hoy como lo más problemático de avanzar, tampoco proponía una revolución destinada a resolver los altos costos y las rigideces históricas del mercado laboral en la Argentina. Más bien un marco de buenas intenciones para negociar reformas a nivel de convenios colectivos sector por sector, y el acuerdo para disponer un amplio blanqueo laboral que les aumenta la caja al Fisco y a los sindicatos. A la hora de recaudar, hay acuerdos y hay políticas de Estado.

Los cambios en los impuestos recién comenzarán a discutirse en comisiones hacia el 13 de diciembre. Pero hay fluidas conversaciones entre legisladores, gobernadores, lobistas y funcionarios para dar los últimos retoques a los proyectos y definir quién gana y quién pierde con los nuevos impuestos. Todo indica que habrá mayor gradualidad con las cargas a las bebidas azucaradas como para incentivar a las empresas a bajar el contenido de azúcar refinada en sus productos.

Alivia que la tensión política no haya bombardeado del todo los acuerdos políticos que derivaron del triunfo de Mauricio Macri hace apenas cinco semanas.

El manejo de la crisis del submarino y la futura reorganización de las Fuerzas Armadas abren nuevas especulaciones. Quienes siguen la información militar afirman que hay dos figuras a seguir en el firmamento castrense: el futuro jefe del Estado Mayor, el General Bari del Valle Sosa, que sería en el futuro el jefe de todas las fuerzas, tipo General 5 estrellas de los EE.UU., con mayor poder incluso que el Ministro de Defensa. Y también seguir al futuro mandamás de la Armada según todas las versiones, el Almirante López Maseo para reemplazar al cuestionado almirante Srur.

Más preocupante aparece la escalada de violencia en el Sur, con grupos radicalizados violentos y armados, que parecen orientados a establecer una suerte de guerrilla urbana en lugares estratégicos de la Patagonia con apoyo de activistas chilenos que estarían ingresando por pasos fronterizos no controlados. Un escenario que incomoda al Gobierno y que se agrava con la realidad de un joven muerto, baleado en una refriega entre las fuerzas de seguridad y los violentos que ocupan la Villa Mascardi. No está claro ni que el Gobierno ni que la sociedad esté preparada para enfrentar este flagelo, con el trauma que para la Argentina sigue vigente por la violencia política desatada en los 70, y lamentablemente no superada 50 años después.

Fuente: El Cronista.com      Gillermo Kohan