Un reclamo que ya no se puede ignorar

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La Justicia atraviesa, como lo dijo ayer Ricardo Lorenzetti con otras palabras, un desierto político. La opinión pública no tiene buen concepto (es malo, más bien) de los jueces de ninguna instancia. Y el gobierno de Mauricio Macri no le da argumentos para una confrontación de poderes al estilo de las grandes batallas que libró Cristina Kirchner con jueces y fiscales. La Justicia quedó, así, reducida a sus propias limitaciones y a vivir las consecuencias de sus propios errores. Las causas de la impopularidad de la Justicia son fundamentalmente dos. Una: la insoportable tardanza de los tribunales federales de Comodoro Py para resolver importantes causas de corrupción de funcionarios nacionales. La otra: la manía de las excarcelaciones de presos con antecedentes de homicidios, violaciones y robos agravados que terminan por reincidir no bien ponen los pies en la calle.

Hay excepciones, por supuesto, entre los jueces federales y también entre los jueces que deciden sobre excarcelaciones. Pero lo cierto es que la insistencia en esos errores en gran parte de los magistrados llevó la mancha de la impopularidad hasta la propia Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal logró diferenciarse del resto de los jueces en la época cristinista. La mala imagen serpenteaba en instancias inferiores, pero no en la Corte Suprema. Eran momentos en que esta se enfrentaba a Cristina en casi todas sus decisiones polémicas y arbitrarias (salvo con la ley de medios, que tuvo el apoyo de una mayoría de jueces de la Corte). La batalla más decisiva se dio por el proyecto de reforma judicial que perseguía la colonización por parte del cristinismo de otro poder del Estado. Esos tiempos pasaron. Macri solo critica a los jueces en algunos discursos públicos, aunque tampoco está bien que el Presidente se convierta en un crítico constante de un poder independiente.

La mayoría de las reformas anunciadas ayer por Lorenzetti deberán pasar necesariamente por el Congreso. Solo algunos casos de administración interna, como el horario de atención al público, serán de competencia de la Corte. Los cambios sustanciales, que todos los jueces del país analizan en estas horas en una especie de seminario, necesitan de cambios en el Código Procesal Penal y en el Código Penal. Tales modificaciones requieren la aprobación del Congreso y la firma del Presidente. Uno de los cambios más importantes es el que limita las apelaciones. En la Justicia Federal Penal hay cuatro instancias de apelaciones (juez de primera instancia, Cámara Federal, Cámara de Casación Penal y, en algunos casos, la Corte Suprema) que pueden extenderse indefinidamente porque cada decisión vuelve a apelarse y debe atravesar otra vez el mismo trámite. Un caso curioso es el que refiere a la reiteración de las apelaciones por personas imputadas en un mismo expediente que apelan la misma medida en momentos sucesivos. Es una estrategia dilatoria que, por lo general, obtiene buenos resultados. Los procesos no terminan nunca. De esas rendijas de la legislación se prenden también los malos jueces para no cerrar nunca los expedientes.

Fuente: La Nación    Joaquín Morales Solá

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