Vivir y morir en La Matanza

Las imágenes captadas con celulares por pasajeros de la línea 620 hicieron del asesinato de Leandro Alcaraz un episodio de inseguridad distinto de otros ocurridos a diario en La Matanza. Desde el lunes 16, cuando trascendió el crimen, a Verónica Magario la inquieta que esa filtración transitoria de información se viralice como práctica y ponga en riesgo el sistema endogámico y corporativo de poder hegemonizado por el PJ desde 1983.
El temor de la intendenta de La Matanza es que la indignación de esos usuarios se propague de tal modo que vuelva imposible cualquier probabilidad de control por parte del gobierno municipal, como sucedió hasta ahora. Y que la mala gestión de un conflicto en el terreno policial se convierta en un escándalo capaz de desnudar las debilidades de su gestión, provocándole un daño político irreparable: ser derrotada en las elecciones de 2019.

Fatiga. Magario tiene razón en preocuparse. La mayoría de los funcionarios del gabinete municipal acredita pasado en la administración de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Algunos, como Alejandro Collia, comienzan a sentir la fatiga del pasado en el presente. Junto con Scioli está imputado por supuestas irregularidades en la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA).
Mientras espera declarar ante el fiscal Alvaro Garganta el 3 de mayo, el secretario de Salud de Magario descansa en Italia junto con su esposa y directora de Bromatología, Mónica López. Ambos gozan de licencia en el municipio de La Matanza. Collia no creyó necesario pedirla al Concejo Deliberante de 3 de Febrero, donde representa al FpV desde 2015.
López es responsable de garantizar la salubridad en los supermercados de origen chino. De unos 7 mil en La Matanza, se le atribuye una relación cercana con casi 5 mil. En apariencia, los más predispuestos a un canon extraoficial de 5 mil pesos para autorregularse. El titular de la Federación Argentina de Supermercados Chinos, Miguel Calvete, fue elegido en 2015 concejal por Cambiemos. En la actualidad anima una facción disidente liderada por Miguel Saredi, de relación cordial con Magario bajo un nombre literalmente de fantasía: Nueva Dirigencia.

Causas. La autorregulación explicaría la incondicionalidad del peronismo con las comunidades paraguayas y bolivianas en La Matanza: representan el 25% del padrón electoral. Las ventajas de esa figura informal facilitan habilitación de comercios y el régimen de construcción sobre tierras fiscales, en las que desarrollan un alto sentido de pertenencia. Con 200 mil habitantes al límite de González Catán con el partido de Merlo, son ellos quienes denominan extranjeros a los dos argentinos que cada uno de los 11 equipos de fútbol de la liga amateur paraguaya puede inscribir.
Pedro García atiende las urgencias de la comunidad boliviana cuando llueve y se inunda el humedal ocupado por casi 100 mil personas en Villa Celina, al borde del autódromo Oscar Gálvez. Provee un camión de tierra por vivienda para levantar taludes. Prestado por vehículos oficiales, la oposición duda que los 800 pesos que pagan por el servicio ingresen al Tesoro municipal. Lo mismo el canon millonario que pagarían por los festejos de la Virgen de Copacabana, el más importante en América Latina fuera de la ciudad de La Paz.
Dudas agitadas con las declaraciones de Magario tras el asesinato de Alcaraz. El diputado oficialista Matías Ranzini elevó a la Legislatura un pedido de informes para que la intendenta precise si La Matanza tiene fondos oficiales a plazo fijo. A su secretario de Hacienda, Roberto Feletti, se le atribuye haber efectuado uno en el Bapro para liberar a su jefa de una flagrante contradicción. Criticar el programa económico de Cambiemos e invertir en Lebacs. En ambos casos, los montos comprometidos son millonarios.
Las estadísticas oficiales del delito tampoco logran transmitir confianza. Según ellas, fueron 158 las muertes en 2017. En reserva, el Departamento Judicial de La Matanza elabora otra: 372 casos. Más de uno por día. La seguridad no es el fuerte en la gestión municipal. Desde la renuncia de Carlos Orshinger en octubre de 2017, al aparecer implicado con una banda de secuestradores, Magario no designó otro responsable. El área es subrogada por el secretario legal y técnico, Claudio Lentini, cuyo desdoblamiento no basta para rectificar algunas situaciones.
De los $ 240 millones girados en 2016 por el gobierno bonaerense con ese fin específico el 81% fue utilizado en rubros más bien abstractos de acuerdo con un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas: servicios no personales (110), bienes de consumo (50) y gastos en personal (81,8). De esos casi 240 millones, la mitad se utilizó para proteger al Palacio Municipal. Si no fuese por lo oneroso del gasto, cabría tomarlo de autocrítica encubierta. En 2017, Magario utilizó casi un tercio de los 240 millones enviados desde la Provincia para la compra e instalación de luminarias.
Junto con las cámaras en los ómnibus, dos reclamos de las empresas locales de transporte público. Entre ellas, la 620, para la que trabajaba Alcaraz cuando fue muerto. Es la más grande de las siete que operan en La Matanza. Hace un año y medio logró que el Concejo Deliberante le renueve la licencia para dar ese servicio. Los 24 ediles habrían recibido 50 mil dólares cada uno para votarla.

Esquirlas. Pero el crimen de Alcaraz repercute también en Cambiemos. Dispuso dejar en suspenso la consigna diseñada por Jaime Duran Barba para la campaña de 2019: educación o barbarie. Acaso un exceso de optimismo pero también una curiosa muestra de centralismo porteño del consultor ecuatoriano por la mejora de casi 10 puntos en la elección de 2017 con relación al 2015.
La revisión no se vincula al efecto relativo que podría alcanzar el plagio de una frase de Domingo Sarmiento, en una población más interesada en cubrir otras urgencias. Ni con lo inapropiado del momento. Como en el resto del Conurbano, las alzas tarifarias no son bien acogidas.

Fuente: Perfil.com