Un cóctel de desidia, intereses políticos y reglas anticuadas

Los periodistas adoran los números. Les dan la creencia de que pueden asir la realidad, apretarla con la mano y exponerla a la vista. Ese es justamente el efecto que tiene la auditoría del Consejo de la Magistratura : le pone números a una realidad que se palpa a diario en los tribunales y que hace que la imagen de la Justicia se sumerja cada vez más en el sótano.

Si sobre 100 funcionarios acusados de corrupción , solo 8 llegan a juicio y de esos solo 6 tuvieron una sentencia, ya sea condena o absolución, la Justicia Federal Penal está fracasando. Y si hasta ahora percibíamos hastío y descreimiento ante lo que intuíamos que era así, ahora tenemos la medida de esa tragedia que pone al borde de la paralización a la Justicia Federal. Si los jueces solo pueden dar una mínima respuesta a una denuncia de corrupción (culpable o inocente), no están cumpliendo su tarea.

Las razones hay que buscarlas no en los tribunales orales sino en los jueces federales de primera instancia y en una mezcla compleja de cuestiones procedimentales, vacantes, rigorismos formales, cuestiones políticas y tiempismo judicial, que ata sus decisiones a los tiempos del Gobierno de turno.

Una primera advertencia: la auditoría analiza los casos de corrupción de los últimos 20 años, es decir lo que hacían los jueces durante el menemismo y durante el kirchnerismo, diciéndolo con un trazo grueso. Allí encontramos que Carlos Menem neutralizó a los jueces federales desde mediados de los 90 ascendiéndolos y colocando a los suyos propios. Los de la servilleta de Corach.

El primer kirchnerismo en tanto domó a los magistrados con una mezcla de carpetazos de inteligencia y presiones. El kirchnerismo tardío se encontró con una Justicia que se le enfrentó y le hizo la guerra. Pero los tribunales orales estaban ocupados en otra cosa: una política de Estado que bajó del Poder Ejecutivo, la Corte y el Congreso reabrió los juicios por violaciones a los derechos humanos. Los jueces de los tribunales orales estuvieron desde 2005 hasta ahora juzgando casos de lesa humanidad en todo el país. Megajuicios inmensos que duraron años en algunos casos, pero que lograron brindar Justicia a la sociedad.

La actividad en los juicios de lesa humanidad relegó los casos de corrupción.

Un cúmulo de razones

A esta cuestión de política de Estado hay que sumar otros factores para entender por qué la Justicia fracasa dando una respuesta ante los casos de corrupción:

• Un código de procedimientos viejo, escrito, inquisitivo, con infinidad de recursos que hacen interminables los procesos de apelación y que permiten enterrar los procesos aún con la buena voluntad de los jueces.
• La falta de una legislación que contemple la figura del «arrepentido» con beneficios reales e inmediatos. La posibilidad de que el fiscal pueda negociar con los imputados.
• Las vacantes que estas dos décadas no se cubrieron en la Justicia Federal. Tanto en los juzgados federales como en los tribunales orales, que deben dividirse y multiplicarse para cubrir juicios en Capital y en el interior del país.
• Exceso de rigorismos formales que hace que los casos no avancen.
• El «tiempismo político» de los jueces de primera instancia que hace que entierren los sumarios que nunca llegan a juicio cuando el acusado está en el poder. Cuando llegan a juicio el caso ya prescribió por el paso del tiempo, o llega con un pulmotor judicial que lo hace inviable.
• La injerencia de la política sobre los jueces que aletargaron investigaciones que nunca llegaron a los tribunales orales para juzgarlas.
• La injerencia del poder económico que siempre se mantuvo fuera del radar. Pocas veces los empresarios terminaron juzgados por corrupción, cuando se trata de un delito que se comente no solo cuando el funcionario es venal, sino cuando el particular paga el soborno.
• Los juicios interminables que reproducen oralmente, papel por papel, lo que dice el sumario de instrucción.
• La judicialización de la política que convirtió en causas judiciales y denuncias por corrupción lo que son actos de campaña en la previa de las elecciones. Si una denuncia es tan vacía que solo busca el efecto político del título en el diario, es lógico que termine en la nada.
• El fracaso de las reformas judiciales que se ensayaron en estos 20 años para trasparentar la justicia federal.