El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó a cuatro miembros de la comisión evaluadora del Ministerio de Defensa. Los encontró responsables de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a raíz de una denuncia que se había realizado por irregularidades en la preadjudicación de una empresa española para la búsqueda del submarino ARA San Juan.
En la resolución del magistrado, a la que accedió Clarín, se planteó que los funcionarios «omitieron aplicar la ley» al preadjudicar a la firma española del empresario argentino Marcelo Devicenzi, que no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego.
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En otro tramo del escrito, Martínez De Giorgi expresó: «Tuvieron pleno conocimiento de las reglamentaciones vigentes para la contratación y pese a todas las evidentes inconsistencias que presentó la oferente recomendada, continuaron con el proceso y no desestimaron la oferta».
Así, quedaron procesados Héctor Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, y Pablo Longhi, de la Comisión Evaluadora de la Subsecretaría de Planeamiento Operativa y Servicio Logístico de Defensa, por las irregularidades en la preadjudicacion a Igeotest Geociencias y Exploraciones SL. A todos se les aplicó un embargo de un millón de pesos.
El 1 de junio de 2018, los cuatro recomendaron la adjudicación a los españoles omitiendo las cláusulas particulares establecidas entre los requisitos para acceder a la búsqueda del submarino. Según se desprende de la resolución judicial, la empresa no estaba en condiciones para acceder al contrato.
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La contratación, tenía por objeto la prestación del servicio de búsqueda submarina por medio de “batimetría multihaz, sonografía, magnotometría e imágenes visuales a fin de localizar e identificar al submarino ARA San Juan, buque sumergible que tuvo su último contacto con la Armada Argentina el día 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo”.
Entre las irregularidades, expuestas en el expediente, figura que «el número societario de la empresa española Igeotest Geosciences SL preadjudicada, no coincidía con el número de registro» y que «la denunciante constató que el número societario de la empresa estaba relacionado con la compañía española Control y Prospecciones SL, la cual se encontraría concursada desde el año 2017«.
Como consecuencia de la omisión perpetrada por Horisberger, Dip y García Bastitta (bajo la supervisión de Pablo Alberto Longhi), -advirtió eñ juez-, “se recomendó la contratación de una empresa que en rigor de verdad, se trataba de dos personas jurídicas distintas, de acuerdo a la dictaminado por la Oficina Nacional de Contrataciones el día 28 de junio del corriente año”.
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Por ello, el magistrado consideró que la Comisión Evaluadora conformada por los procesados “se apartó de las prescripciones del art. 16 del decreto delegado 1023/01 y no desestimó, con causa evidente, la oferta de la empresa que a tenor de la documentación incorporada al proceso de compra, exhibía reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones establecidas para llevar a cabo el proceso de compra”.
La causa se inició el 13 de junio por denuncia de la abogada Valeria Carreras -apoderada de familiares de tripulantes del Ara San Juan- con el patrocinio del estudio de Fernando Burlando, quien denunció a los integrantes del ministerio a cargo de Oscar Aguad, quienes integran la Oficina de Contrataciones por la «adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública»..
En su presentación, Carreras expuso distintas irregularidades acontecidas en torno a la contratación directa (por razones de urgencia) para la búsqueda del buque sumergible de mención, iniciada por el Ministerio de Defensa de la Nación a través de un concurso internacional de ofertas.
El Gobierno finalmente otorgó la licitación a la firma Ocean Infinity, que un año y después del último contacto de la nave la detectó a 900 metros del fondo marítimo.
Fuente: Clarin.com
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