Se requiere apoyo internacional para el gobierno de transición en Venezuela

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Juan Guaidó (Reuters)
Juan Guaidó (Reuters)

En un emotivo momento que pasará a la historia, el recientemente designado Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Juan Guaidó, mostró su disposición para asumir, según sus propias palabras, la legitimidad otorgada por la Constitución en sus artículos 233, 333 y 350 y convertirse así en el jefe del Gobierno de transición para la República Bolivariana. Guaidó convocó al pueblo, a la (FAN) Fuerza Armada Nacional y a la comunidad internacional para lograr la conformación efectiva de tal Gobierno.

La decisión no fue fácil y es comprensible, la posición de Guaidó, dentro del territorio, a merced del dictador Maduro y sus acólitos, envuelto en múltiples amenazas, es en gran medida vulnerable. En medio de tensiones y previos a la declaración, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia, desde el exilio, debió enviar una nota formal exhortando a asumir la Jefatura del Estado Venezolano y las atribuciones propias del comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, para “no seguir prorrogando el cumplimiento del deber contenido en el artículo 233 de nuestro texto constitucional”.

Guaidó ha convocado a una gran marcha nacional para el día 23 de enero y restaría el juramento ante la Asamblea Nacional para dar fuerza legal al nuevo gobierno, aunque sobre la necesidad de este paso hay controversias entre los juristas. El caso es que, además de la gran mayoría del pueblo venezolano los apoyos internacionales no se han hecho esperar: la OEA, a través de su Secretario General Luis Almagro saludó la asunción de Guaidó como presidente interino de Venezuela, los Estados Unidos hicieron lo propio a través de su Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton y del Departamento de Estado. De igual modo los gobiernos de Brasil y Chile y también la Unión Europea, a través de la vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra. Sin embargo, hay acuerdo en cuanto a la necesidad de contar con un más amplio reconocimiento expreso de la comunidad internacional, que lleve a consolidar esta iniciativa valiente, que puede conducir a la tan deseada salida institucional para el país. El camino no será fácil, y mucho depende de la posición de la Fuerza Armada, hasta ahora leal a Maduro.

Pocos días atrás y a partir del propósito férreo de Nicolás Maduro de asumir el 10 de enero un segundo mandato presidencial, técnicamente considerado como ilegal e ilegítimo, por fin la tragedia humanitaria, económica e institucional de este país de enormes riquezas, pero sumido en la mayor de las desgracias, llegó a la primera plana en todo el mundo, lo cual despertó, salvo excepciones, una contundente condena internacional al régimen que usurpa el poder.

Los datos objetivos sobre Venezuela, un estado totalitario sin ley y sin libertad, donde funcionarios civiles y militares comandan bandas dedicadas al crimen organizado, habla por sí solos: en una migración sin precedentes en la región, más de tres millones de venezolanos, muchos de ellos de a pie han abandonado el territorio nacional, generando una gran inestabilidad sobre todo en los países contiguos, sobre todo en Colombia y Brasil. El PBI nacional se ha reducido a la mitad desde 2013, en que asumió Maduro y la producción de petróleo, principal fuente de sustento se redujo a menos de la mitad en el mismo período. El FMI estima que, de persistir estas políticas, la inflación llegará a 10 millones por ciento en 2019. En términos humanitarios, el número de venezolanos infra alimentados ya alcanzó los 3,7 millones y el 55% de los niños menores de 5 años sufre de mal nutrición. En términos de persecuciones y violaciones a las libertades individuales, un reciente informe de Amnesty Internacional da cuenta de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y mediados de 2017 y de 15.000 detenciones arbitrarias en los últimos años. También se sabe que existen en el país alrededor 340 presos políticos en condiciones deplorables.

Ya en varias instancias anteriores se había intentado llamar la atención de la comunidad internacional sobre esta situación de crisis, casi terminal. Así surgieron informes sobre tales abusos por parte de la OEA y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. De igual modo, operaron la conformación y declaraciones del Grupo de Lima, compuesto por 14 países de las Américas en la búsqueda de una salida a la crisis, la resolución de la OEA de junio de 2018 y también la denuncia de 6 países, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, en septiembre de 2018.

Pero ha sido la contundente declaración del Grupo de Lima del pasado 8 de enero la que planteó un antes y después. Allí se declara ilegítimo el nuevo mandato de Maduro dadas las elecciones fraudulentas que llevaron a su triunfo y además se lo insta a no tomar el cargo a la vez que se reconoce como únicos órganos legítimos del país a la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio. Los países firmantes se comprometen también a reevaluar sus relaciones diplomáticas y a establecer políticas de sanciones que incluso alcancen a los funcionarios del régimen.

Consecuentemente y en simultáneo con la ceremonia de asunción del  dictador, la Organización de Estados Americanos (OEA) en reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, acordó no reconocer la legitimidad del nuevo período presidencial (2019-2025) y llamó a la celebración de nuevas elecciones e instó al régimen a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, cosa que nunca sucedió. La resolución, logró 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. Como era de esperar, los países filo-cubanos, Nicaragua, Bolivia y la misma Venezuela, se pronunciaron en contra. Cuba no participa ya fue expulsada de la OEA en 1962. Igualmente fueron muy desalentadoras las abstenciones del México, de López Obrador y del Uruguay, de Tabaré Vázquez.

Llegado a este punto de crisis institucional existen en el territorio de Venezuela dos universos paralelos. Por un lado, Maduro y sus partidarios usurpando el poder, amenazando, denunciando “un golpe de estado”por parte de la Asamblea Nacional, y aplicando su mano férrea en un régimen de hambre, persecución y muerte. Un régimen que se vale de 20.000 efectivos cubanos ubicados en puestos de importancia estratégica entre ellos el entrenamiento de grupos llamados “colectivos” que aterrorizan a la población. Es que Cuba, estado parásito como pocos, tiene mucho que perder con una vuelta a la institucionalidad en Venezuela.

En el frente externo, y trasladando peligrosamente a América Latina el creciente conflicto entre Estados Unidos y Rusia, el apoyo de Moscú a Maduro encierra un cúmulo de intereses más estratégicos y comerciales que ideológicos. Por un lado, Rusia es el principal proveedor de armamentos de Venezuela y por el otro pretende poner un pie en la región a través de la posible instalación de una base militar en La Orchila, una isla a 160 km de Caracas. Otro aliado es China, el principal acreedor del régimen, país que pretende proteger sus activos y a la vez consolidar su estrategia de penetración en la región. También Irán y Siria, despliegan intereses a través de grupos terroristas islámicos como Hezbollah, para los cuales Venezuela se ha convertido en una segura puerta de entrada a la región. Ya son pocos los países latinoamericanos que apoyan a Maduro: Nicaragua, Bolivia, Cuba, México, El Salvador y Uruguay, y también cuenta con el beneplácito de la Santa Sede. En este sentido la asunción de Maduro llevó a una fuerte división entre la Iglesia venezolana y el Vaticano ya que, de este lado de la brecha, los Obispos Venezolanos, reiteraron su posición respecto de la ilegitimidad del mandato. Plantearon también que es “moralmente inaceptable” prolongar el fracaso e ineficiencia del poder de las últimas décadas. Redoblando la apuesta y tras las críticas de 20 expresidentes latinoamericanos, el Papa Francisco ratificó que no piensa “interferir” en las crisis de Venezuela y Nicaragua.

Esto último nos lleva a preguntar desde el respeto ¿qué defiende el Vaticano cuando apoya estos regímenes dictatoriales que causan tanto daño a sus pueblos? Y la siguiente preguntas es, ¿se trata de algo personal del Papa Francisco, o es el Papa respondiendo a las políticas del Vaticano?

Y las preguntas siguen. ¿Será que el Papa piensa realmente que las doctrinas aplicadas en estas dictaduras feroces tienen algo que ver con el Evangelio, cuando en realidad huyen de allí millones de personas desesperadas, abandonándolo todo? ¿O será que hay en juego otros intereses, ciegos para el común de las personas? Deberíamos reflexionar sobre esto ya que el Vaticano como estado es un jugador político de gran relevancia y también influye desde el punto de vista de las creencias a muchos otros actores, con lo cual su capacidad de hacer el bien o el mal se multiplica.

La otra cara de la moneda, el otro universo que emerge en territorio venezolano es el valiente intento de transitar un camino de salida a la crisis por los mecanismos legales de la constitución. Claramente, esta posibilidad debe consolidarse rápidamente o se verá frustrada.

Dicho todo esto, es evidente que el balance de fuerzas dentro del territorio de Venezuela es favorable al régimen, pero los apoyos, presiones y sanciones externas podrían cambiar la ecuación. La represión interna en la Fuerza Armada hace muy poco probable un rol activo de los cuadros en la búsqueda de una salida para el país. Entonces cabe preguntarse ¿de qué modo la comunidad internacional puede ayudar a la vuelta a los carriles institucionales?

Desde ya que el primer paso es el desconocimiento de la presidencia fraudulenta de Maduro, y el reconocimiento explícito de la presidencia interina de Juan Guaidó, con o sin juramento.

De ser necesario, el gobierno legítimamente constituido dentro o en el exilio podría dentro el marco del derecho internacional invitar a una fuerza internacional a realizar una intervención humanitaria en el territorio que permita recuperar la institucionalidad y ayudar efectivamente a atender las necesidades de los millones de venezolanos que transitan terribles padecimientos. Esta posibilidad ya ha sido reclamada por muchos dentro y fuera del territorio, tal como el exalcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma y en diversas ocasiones por los mandatarios de Estados Unidos y Colombia, Trump y Duque, por el Senador por Florida Marco Rubio y en tiempos de campaña, por el actual vicepresidente de Brasil General Hamilton Mourao.

Aunque resistida por muchos países, de agotarse otras instancias, esta opción de intervención directa puede ser quizás la única alternativa para detener el presente genocidio en cámara lenta que vive Venezuela. Dadas las circunstancias actuales es altamente improbable que Estados Unidos decida emprender por su cuenta una campaña semejante, a menos que se llegue a una situación crítica de seguridad, como sucedería, por ejemplo, con una presencia concreta de Rusia en Venezuela.

Sin embargo, de continuar el deterioro de la situación, la intervención de una fuerza internacional combinada por invitación es todavía un escenario plausible.

Todo esto nos lleva a reflexionar que nos encontramos en un punto de inflexión respecto de la crisis multidimensional de Venezuela, que ya debe ser analizada y resuelta como un problema hemisférico. En ese sentido es fundamental brindar todo el apoyo internacional al proceso institucional para resguardar al incipiente gobierno de transición.

Un tema fundamental es la coherencia y coordinación en las medidas a ser tomadas por los estados, de modo de cerrar el cerco a la dictadura. Entre ellas, es importante que las sanciones verdaderamente sean efectivas, alcanzando no sólo a los funcionarios sino también a sus entornos familiares y de testaferros, que hoy se mueven libremente por todo el mundo.

Así y todo, y para ser realistas, no debe subestimarse la extrema dificultad que implica recuperar las instituciones de Venezuela, removiendo la dictadura ya que los intereses en juego de los actores en el poder y de terceros relacionados múltiples y alcanzan hasta su misma supervivencia. En este sentido debemos reconocer la valentía de Juan Guaidó y los que lo acompañan en la Asamblea Nacional, cuya seguridad física e institucional se encuentra en un punto crítico de riesgo. De ser disuelta la Asamblea por la fuerza, se deberá formar un gobierno en el exilio en el marco del Tribunal Supremos de Justicia legítimo, que ejerza el rol planteado para el gobierno de transición. Sin dudas, un arduo camino.

El principio de no intervención que invocan el presidente mexicano López Obrador y el Papa Francisco se torna un concepto arcaico frente a los daños que causan estos dictadores despiadados que comienzan en populismos con base electiva pero que degeneran en regímenes totalitarios. En este sentido, el entonces Secretario General de la ONU Kofi Annan expresó en el año 2000: “Si una intervención humanitaria es un asalto a la soberanía, cómo se debe responder a las groseras y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que ofenden nuestra percepción de humanidad?” Esto aplica también a que, en el marco de la globalización, las acciones u omisiones de un país afectan a todos y en el caso de Venezuela hay una multitud de ejemplos, uno de los más tangibles el de las migraciones de venezolanos, con los problemas de seguridad, económicos y sanitarios que implica.

Finalmente, es claro y la historia lo enseña, que los populismos, mesiánicos y grandilocuentes, llenos de palabras y vacíos de contendidos positivos para la gente, fomentadores de odios, nunca terminan bien y conducen a la mayor desgracia de los pueblos donde se instalan, derivando en brutales dictaduras, que se prolongan por años. Así sucedió en Cuba con 60 años de castrismo, en Corea del Norte con los 70 años de la dinastía Kim y tantos otros países.

Una reflexión final es todos deberíamos comprender que mejor es prevenir los populismos que luego tener curarlos, depende de nosotros como ciudadanos de todo el mundo no dejarnos engañar con falsas promesas. Es claro que ante los conocidos síntomas no debemos mirar para otro lado, ni tampoco lo debe hacer la comunidad internacional. En este último caso se deben aplicar tempranamente todos los medios legales para desembarazarse de estos dañosos regímenes, y cuando son insuficientes se debe apelar a la creación de nuevos instrumentos internacionales, aptos proteger la vida y la libertad de las personas amenazadas.

La autora es presidente de la Fundación NPSGlobal, secretaria de la Red de Líderes de América Latina y el Caribe.

Fuente: Infobae.com    Irma Arguello

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