Las 10 claves del proyecto del nuevo Código Penal que presentó el Gobierno

El Gobierno finalmente presentó ayer en el Congreso Nacional el proyecto de ley de reforma del Código Penal luego de que su lanzamiento haya sido postergado tres veces el año pasado. La nueva normativa enviada al Senado para su discusión establece penas más duras por corrupción, mantiene al aborto como ilegal y criminaliza los cortes de calle y tirar piedras a la Policía. Justamente el debate por el aborto fue una de las principales causas de que la presentación del proyecto de ley se postergue tres veces en 2018. Sin un anuncio colosal, la normativa entró en el Senado con perfil bajo en busca de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal en un único cuerpo legal. En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, que recibió de la Comisión Redactora el texto, afirmó: «Después de casi 100 años y de las 17 comisiones anteriores, este es el primer proyecto integral de reforma del Código Penal que un Poder Ejecutivo remite al Congreso desde 1921». «En la elaboración del proyecto, la Comisión Redactora (creada por el Presidente Mauricio Macri mediante un decreto firmado en marzo de 2017) tomó en consideración los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y los avances en materia de integración regional del país, a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada», detalló el Gobierno. Cómo es la estructura del nuevo Código Penal Argentino Además, prosiguió: «En el mismo sentido, se adecuó la normativa penal nacional a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción». Las claves del proyecto Corrupción: El texto endurece las penas contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y su financiación; e incluye los delitos de lesa humanidad. En el caso de los delitos de corrupción, el proyecto del Gobierno establece un aumento de 4 a 12 años (actualmente es de 1 a 6 años) las penas para casos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito. Se agrega la figura de «corrupción entre particulares» y se pena a las empresas ante ciertos delitos.   Aborto: En medio de la polémica, el Gobierno buscó no involucrarse demasiado en el aborto y no sacó ni modificó las penas a las mujeres que aborten (de 1 a 3 años de cárcel). Sin embargo, estableció que el juez podrá eximir la pena o dejarla en suspenso “teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho». Asimismo, el proyecto propone mayor perspectiva de género, da participación a las víctimas de los delitos y amplía sus derechos.   Discrecionalidad de los jueces: La idea del Gobierno con el nuevo Código Penal es reducir la discrecionalidad de los jueces fijando criterios y penas más claras, especialmente en los casos violencia contra las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.   Cortes de calles: Las organizaciones sociales critican el proyecto por el avance en la criminalización de la protesta. Los cortes de calles y la protesta social en general, tendrá penas más duras y se calificará como «entorpecimiento del transporte público». Además, habrá hasta 2 años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.   Motochorros: El nuevo código propone como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como «motochorros».   Tenencia de drogas: Otra novedad es la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal. El proyecto incluye la jurisprudencia de la Corte en el fallo «Arriola», por el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.   Tenencia de armas: La operación ilegal de armas de uso civil sin autorización tendrá una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.   Inmigrantes ilegales: Aumentan las escalas penales a inmigrantes que usen documentación falsa o reingresen al país pese a tenerlo prohibido.   Delitos contra el medio ambiente, en espectáculos futbolísticos, informáticos -como casos de grooming-  también fueron incorporados tras el extenso estudio y análisis temáticos de la comisión de especialistas. Además, se incrementan las penas para homicidios viales.   Régimen Penal Juvenil: Por otro lado, el Gobierno no incluyó el Régimen Penal Juvenil en el proyecto ya que lo enviará por separado para evitar trabas en el tratamiento en medio de un año electoral. La comisión fue presidida por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky, acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer. Participaron también los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache. La reforma del Código Penal: ¿vuelta a la mano dura? «La Comisión trabajó ad honorem durante 500 días ininterrumpidos y mantuvo más de 100 reuniones en todo el país en las que deliberó, escuchó a expertos y tomó en cuenta el trabajo realizado por las 17 comisiones anteriores de reforma del Código Penal», remarcaron, al tiempo que señalaron que «también recibió y valoró la opinión de ONG y sugerencias de toda la sociedad a través de la plataforma Justicia 2020».

Fuente: Perfil.com