El caso Rodolfo Canicoba Corral: un mapa del estado institucional de la Argentina

Mauricio Macri enfrenta la amenaza de pasar los días que le quedan en la Casa Rosada en medio de un escándalo. No se trata, como suele ocurrir, de un inconveniente originado en la economía. Esta vez es un conflicto del campo institucional. Allí donde Juntos por el Cambio suele ufanarse de sus méritos. El origen del problema es el pedido de un consejero de la Magistratura oficialista, el representante de los abogados Juan Pablo Más Vélez, para desestimar las denuncias que pesan sobre el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por su llamativo incremento patrimonial. Más Vélez es dirigente de la UCR y se desempeña como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Está previsto que el dictamen en el que subestima las acusaciones contra Canicoba sea tratado hoy en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo.

La decisión de Más Vélez generó un revuelo en el oficialismo. La diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, emitió un tuit diciendo: «No se qué parte no entienden los representantes de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura. La impunidad no se negocia y no es lo que votó la gente. No nos vamos a callar. Seguiremos luchando por una justicia donde los jueces de dudosa fortuna sean investigados profundamente». Y su colega Juan Manuel López, por el mismo medio, declaró: «No se puede construir un cambio verdadero de nuestro país con impunidad para lo que no quisieron impartir justicia. Una parte muy importante de la sociedad nos va a seguir demandando un Poder Judicial decente. Hoy es todavía un reclamo pendiente». No hay que aclarar: le hablan a Macri.

Canicoba ha sido acusado por la presunción de cinco irregularidades: incremento patrimonial, enriquecimiento ilícito, viajes en aviones particulares de empresarios, pedido de dinero a un imputado y cobro de sobresueldos de la ex SIDE.

El diputado López, colaborador directo de Elisa Carrió, fue uno de los denunciantes del juez al que Más Vélez pretende absolver. Otro es el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien también es consejero de la Magistratura. Algunas de las denuncias se fundaron en investigaciones de LA NACION.

La indulgencia del radical Más Vélez incomodó a varios de sus colegas. En principio, por razones formales. Presentó su dictamen fuera de término. No formuló considerandos. Se refirió a constancias que no están en el expediente. No se refirió a constancias que sí lo están. Confundió el objeto de la investigación, que no es determinar si hubo enriquecimiento ilícito, sino corroborar si las declaraciones juradas fueron veraces. Y lo más curioso: frente a la denuncia de vuelos en aviones de empresarios, la única en la que no afirma la inocencia del magistrado y admite que hay que seguir investigando, pide que el tema se separe del expediente y se vuelva a sortear para que de ese problema se encargue otro consejero. Aun cuando él mismo comenzó a recoger pruebas sobre esa supuesta inconducta. Como si pidiera: «Libérenme de este problema».

Pueden ser detalles. Lo más llamativo del modo en que Más Vélez pretende absolver a Canicoba es que sigue un procedimiento muy distinto del que el mismo Consejo utilizó para examinar el comportamiento de otros magistrados. Uno de ellos es el caso del excamarista Eduardo Freiler, que fue destituido después de una larga investigación del consejero Tonelli.

Por ejemplo, en el expediente que desembocó en la condena de Freiler figuraban planillas con los pormenores de la evolución patrimonial del denunciado desde su ingreso a la Justicia. Con la misma vara, Más Vélez debería haber hecho esa reconstrucción de los activos de Canicoba y también de su esposa, Viviana Tejada, en cuyas actividades el magistrado justifica parte de su fortuna. Pero no lo hizo. O, si lo hizo, no lo expuso.

Freiler debió someter sus propiedades inmuebles a la pesquisa de un tasador oficial, que determinó que habían sido escrituradas por un valor inferior al del mercado. En cambio, en el caso de Canicoba, el consejero Más Vélez tomó por cierto el precio que figura en las escrituras. Freiler debió exponer todos sus gastos. Canicoba, no. En cualquier momento el opulento Freiler se declarará un perseguido político.

Las razones por las cuales Más Vélez se muestra con Canicoba mucho más complaciente que Tonelli con Freiler son inciertas. En el ambiente político circulan varias explicaciones. La más corriente es que Más Vélez llegó al Consejo en una lista promovida por Daniel Angelici, empresario del juego y presidente de Boca Juniors, uno de los innumerables gestores a los que Macri encomendó sus relaciones con los tribunales. Antes de Más Vélez, la investigación sobre Canicoba estaba en las parsimoniosas manos de la consejera Adriana Donato, quien era asistida por Juan Bautista Mahíques, otro protegido del binguero.

El papel de Angelici

A Angelici se le atribuye haber transmitido a Canicoba el interés de Macri porque se ponga tras las rejas al polémico sindicalista Omar «Caballo» Suárez, uno de los denunciantes del juez ante el Consejo. Fue en la aurora de la gestión de Cambiemos. Ahora, en el ocaso, el vínculo con Suárez habría mejorado. El ministro Dante Sica acaba de designar al abogado del «Caballo», Marcelo Urban, como interventor del codiciado sindicato de portuarios del litoral santafesino.

Tanto en el Consejo como en sectores del oficialismo relacionados con la Justicia, no prestan tanta atención a la dependencia de Más Vélez con Angelici. Alguien que conoce como nadie este entramado, explica: «Quien más insistió por salvar a Canicoba de esta investigación fue Arribas». Se refiere a Gustavo Arribas, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y, acaso, el funcionario más cercano a Macri. Antes de encargarse de la inteligencia del Estado, Arribas se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol.

Si Canicoba fuera beneficiario de Arribas, se estaría ante una muy poco edificante simetría. El juez sobreseyó al jefe de los espías cuando se le imputó un vínculo con la corrupción del Lava Jato brasileño. Lo hizo con tal celeridad que lo absolvió antes de que Suiza respondiera los exhortos sobre los movimientos bancarios del imputado. Una pena, porque cuando llegaron esos informes, eximían a Arribas de toda responsabilidad. A veces las ganas de ayudar juegan en contra.

Si el ángel guardián de Canicoba fuera Arribas, tal vez la motivación no sea la gratitud, sino la prevención. El juez tiene abierto un expediente sobre espionaje clandestino, en el que la AFI ha sido la principal denunciada. En especial Silvia Majdalani, la segunda de Arribas, su alter ego. El otro sospechoso es quien fuera mano derecha de esa controvertida funcionaria, el fiscal Eduardo Miragaya, que pasó por la AFI al comienzo de la administración Macri. Miragaya fue exonerado cuando se lo acusó de urdir una patraña para sacar al juez Sebastián Casanello de la investigación sobre Lázaro Báez.

Las indagaciones de Canicoba sobre la AFI son tan contemplativas como las del vicerrector Más Vélez sobre Canicoba. En principio, el fiscal es Ramiro González, quien recogió al «Nene» Miragaya en la Unidad Fiscal para la Investigación para Delitos contra el Medio Ambiente, una vez que lo echaron de la AFI. Investigador e investigado son íntimos amigos.

Según cuenta el fiscal González en un informe sobre el estado de la pesquisa referida a espionaje clandestino, el juez Canicoba intentó saber si la AFI realiza esas tareas ilegales preguntándole a la AFI. Después de un largo examen de consciencia, la AFI contestó que no. Pero un poco más tarde, agregó que esos seguimientos prohibidos podían estar siendo ejecutados por algunos abogados, a los que mencionó. Ni Arribas, ni, al parecer, Canicoba, se dieron cuenta de que en la lista figuraban dos agentes a los que la AFI realiza aportes previsionales.

González cuenta en ese informe que Canicoba prefirió mirar hacia otro lado. Preguntó a Migraciones si un sinfín de oficinas del Estado había estado requiriendo informes sobre un sinfín de funcionarios públicos. Entre ellos, sobre sí mismo. Y se inquietó por saber si entre los espiados de manera irregular no estarían Arribas y Majdalani.

Si con todas estas muestras de cordialidad, que casi se confunden con la subordinación, Arribas no se interesó por proteger a Canicoba en el Consejo de la Magistratura, se estaría ante un caso de imperdonable ingratitud. O, como se dice en el ambiente de Arribas y Canicoba, «falta de códigos».

De todos modos, tal vez el juez pueda defenderse solo. En su juzgado se tramita a fuego lento una causa sobre presunta malversación de fondos a través de la simulación de horas extras de guardias policiales que nunca se habrían realizado. Los imputados son funcionarios del Consejo de la Magistratura.

Los motivos por los cuales el radical Más Vélez decidió aplicar a Canicoba una metodología mucho más clemente de la que se siguió con Freiler pueden ser intrascendentes. Aun cuando haya malpensados que supongan que se debe a que, mientras Canicoba colaboró con Macri y sus amigos, Freiler había procesado al Presidente cuando era jefe de gobierno. Por espionaje ilegal. Casualidades.

Lo relevante es que el caso que se tratará hoy en el Consejo es un mapa del estado institucional de la Argentina. Ya se conocía que la corrupción de los funcionarios prospera cuando los magistrados proveen impunidad. Ahora se corre el velo del piso superior: los políticos serían también proveedores de impunidad para los magistrados. El organismo donde se ofrece esa cobertura sería la agencia imaginada por Raúl Alfonsín para regenerar a la Justicia: el Consejo de la Magistratura. Aun cuando allí lleguen funcionarios tan bien intencionados como Más Vélez, quien cuando fue electo consejero, aseguró: «Queremos que el Poder Judicial funcione mejor para dejarles a nuestros hijos un país mejor».