El Gobierno quiere recortar a la mitad los intereses de la deuda

Hace unos cuantos días, el presidente Alberto Fernández citó al ministro de Economía, Martín Guzmán, al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a otros funcionarios a la Casa Rosada. Allá en el pasado quedaron las duras críticas de Fernández a Kicillof o las amables diferencias que el actual ministro había marcado respecto de su antecesor en la era K.
—Necesitamos la ayuda de la Nación para pagar la deuda en enero— planteó Kicillof.
—Yo no puedo financiar a la provincia cuando estoy renegociando mi deuda— le respondió Guzmán en un clima de tensión que después se disipó y se convirtió en estrategia conjunta. No fue el único chisporroteo de la nueva etapa: también Fernández intervino ante la oposición para que se aprobara la reforma impositiva bonaerense.
El ministro, un macroeconomista experto en deuda con mucha academia y un mes de experiencia práctica, tiene claro qué quiere de la reestructuración del pasivo público. La duda radica en si podrá alcanzarlo. Su figura divide aguas entre bancos que buscan intermediar con los acreedores, bonistas que pelean para resignar lo menos posible y analistas desconfiados que los asesoran. Algunos consideran que Guzmán se mueve lento y otros que lo hace con sigilo.
«Guzmán es muy discreto y está bien que lo sea», lo defienden en uno de los bancos internacionales que han mantenido reuniones con él y con Diego Bastourre, secretario de Finanzas, y Ramiro Tosi, subsecretario de Financiamiento. Entre esas entidades figuran los norteamericanos JP Morgan, Citi y Lazard, el anglofrancés Rothschild y el británico Barclays, entre otros. “Pero no se ve que Guzmán esté tan apurado como para llegar al 31 de marzo con la renegociación resuelta, como prometió Alberto Fernández”, aclara la misma fuente.
En esos encuentros, los funcionarios les cuentan a los bancos qué condiciones quieren imponer en el canje de deuda, aunque aún no es momento de concretar ofertas ni definir las metas fiscales de los próximos años que muestren cómo se repagarán los bonos. El citado ejecutivo del banco celebra la discreción, pero un asesor de acreedores reclama celeridad en la definición de objetivos fiscales, de crecimiento, tipo de cambio y deuda.
Tienes un e-mail. Las entidades también acercan sus propuestas. Entre Navidad y la primera semana de enero, Economía abrió una casilla de e-mail para recibir sugerencias para la reestructuración, en lugar de llamar a una licitación para la designación de bancos asesores, pero en los últimos días ha reforzado el contacto directo con entidades especializadas en este negocio de intermediación.
Es que los bancos salen de estas audiencias en el Palacio de Hacienda y transmiten la información a los grandes fondos de inversión de Estados Unidos y Europa que tienen la mayoría de la deuda externa argentina. También les consultan su opinión. “Somos como una inmobiliaria”, bromean en una entidad financiera.
Dos tercios de los 119.000 millones de dólares de deuda con el sector privado están emitidos bajo legislación nacional y un tercio, con la extranjera. Las condiciones del tramo local se puede modificar de manera casi unilateral, aunque si la quita resulta excesiva puede dañar el pequeño mercado doméstico de capitales, en el que también han invertido fondos internacionales. “Con la deuda local te cagan porque te mandan a litigar con (Rodolfo) Canicoba Corral”, nombra al voleo un ejecutivo financiero a uno de los jueces más polémicos de Comodoro Py.
En cambio, un impago de títulos públicos de ley de Nueva York o Londres se dirimiría en tribunales de esos países. Y la Argentina ya sabe que la historia de los fondos buitre terminó mal. Por eso, allí reside el mayor esfuerzo negociador.
El Gobierno pretende de máxima la postergación por dos o tres años del pago de capital e intereses. Además, anhela podar a la mitad los cupones. Los fondos entienden que la Argentina necesita un período de gracia, pero admiten solo un 30% de quita en los intereses. Un asesor de bonistas sostiene que el recorte del valor presente neto de la deuda debería ser del 50% o 55% para dejar conformes a ambas partes.
Acreedores se preguntan cómo en 2022 y 2023 se les pagará a ellos y a la vez se devolverá el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), o si patearán algunos pagos para el próximo gobierno. De ahí que resulta clave que el organismo con sede en Washington se sume a la discusión. El nuevo director argentino ante el FMI, Sergio Chodos, buscará evitar condicionamientos, pero el propio gobierno ya ha adoptado medidas al gusto de los burócratas del Norte.
El FMI ha elogiado el ajuste inicial del gobierno de Fernández, aunque ha reclamado un plan integral. En el informe Calíbar, el politólogo Matteo Goretti señala que por primera vez en la democracia una administración se ha estrenado con un ajuste, en lugar de patearlo para más adelante, cuando las papas queman. Goretti sostiene que el recorte no sólo afecta a los sectores más ricos y dinámicos de la economía sino también a jubilados –los haberes no aumentarán tanto como preveía la suspendida movilidad jubilatoria– y trabajadores –a los que se niega, con consentimiento sindical, la cláusula gatillo para empatarle a la inflación–. “Fernández y su equipo deberán convencer al FMI de la necesidad de mantener la doble indemnización para los despidos, el congelamiento del dólar oficial y de las tarifas de servicios públicos, la multiplicidad de los tipos de dólar y la ausencia de un ajuste en la organización del Estado”, opina el politólogo.
“Guzmán está jugando al fleje, pero va bien”, opina el banquero antes citado. “Pero la negociación es muy complicada. Si empeora el conflicto de Estados Unidos con Irán, te puede subir la tasa norteamericana y cagaste”, advierte. Es que los fondos están dispuestos a ceder en un contexto de rendimientos bajos en el mundo.
Comités. Otro ejecutivo de un banco extranjero destaca que el Gobierno haya convocado a consultoras para identificar bonistas, dado que hay una diversidad de títulos en juego y no solo se requiere una mayoría extraordinaria total para aprobar el canje sino también para cada uno de los bonos. Por ahora se han formado cuatro comités de acreedores. Uno de ellos está representado por el banco suizo UBS y Mens Sana Advisors, un estudio encabezado por el argentino Marcelo Delmar. Allí está el fondo estadounidense Greylock, cuyo CEO es Hans Humes, que también era acreedor en el default de 2001 y ahora declama buena predisposición. También se muestran amigables fondos del mismo país que también cargan con mucha deuda bajo ley argentina: Pimco y Templeton.
Algunos acreedores tienen reuniones directas con el equipo de Guzmán. Uno de sus asesores se diferencia por su escepticismo: “Son funcionarios con poca experiencia. No pudieron prolongar la existencia del comité de asesores formado por ex secretarios de Finanzas –el Gobierno explicó que era solo para el arranque de gestión–. Recién ahora se dieron cuenta de que necesitan contratar bancos para que ordenen el proceso. Hasta ahora tenían solo charlas con fondos, pero de manera improvisada. La negociación no debería ser tan compleja, pero se dilatan los plazos». El apuro es por evitar el default.l

Fuente: Revista Noticias