¿Decisiones políticas o científicas?

Cuando un juez tiene que resolver un caso que involucra una discusión científica de cualquier índole, normalmente recurre a peritos para que le brinden cierta información y asesoramiento. Las partes tienen el derecho de proponer sus propios peritos para que participen, en lo posible que discutan todos en conjunto, y luego emitan un dictamen, que podrá ser unívoco o tener distintas conclusiones.

Frecuentemente las conclusiones de los peritos tenderán a favorecer, con argumentos científicos, la posición de la parte a la que representan. Ello no necesariamente significa que lo hagan por deshonestidad científica. Incluso las ciencias denominadas “duras” se encuentran en permanente evolución, las conclusiones varían por el testeo, y los mismos fenómenos pueden tener distintas explicaciones. Cada parte le brindará al juez los argumentos científicos que abonan su caso.

El juez finalmente tomará en consideración esos peritajes y examina su desarrollo, sus argumentos y conclusiones. Luego –y esto es fundamental- sopesará dichos peritajes con el resto de la prueba de la que dispone y con aquello que se está discutiendo en el caso, y en base a todo eso emitirá una decisión.

Por más importante que pueda parecer un peritaje para la solución de un caso, los juicios son resueltos por jueces, no por peritos, porque la discusión es jurídica, no científica.

Recordar este principio que es muy claro en el mundo del derecho, viene a cuento por el problema del coronavirus y el valor de la opinión científica para tomar decisiones políticas.

Las redes sociales nos han permitido tener acceso, en las últimas semanas, a un verdadero bombardeo de opiniones de expertos de distinto grado, dando cantidades de recomendaciones y predicciones. Como suele suceder, cada persona ha decidido “creerle” a aquel que en principio coincide con el preconcepto que se ha formado del asunto.

El presidente Fernández comparte con la mayoría de nosotros la ignorancia casi completa sobre el problema científico en discusión (del mismo modo que frecuentemente el juez es ignorante de muchas cuestiones científicas involucradas en sus casos). Pero a diferencia de nosotros, tiene la tarea de tomar alguna decisión en términos de comunidad, para enfrentar una posible epidemia.

Para eso echa mano a los informes y recomendaciones de los científicos. Pero es esencial no olvidar que la argumentación científica es solo uno de los elementos que deberá sopesar para tomar una decisión, que no será científica, sino política. Un científico podrá dar información respecto del virus, lo que se sabe de él, sus fortalezas y debilidades, pero la opinión de un científico va perdiendo fuerza en la medida en que se le quiere hacer decir qué cursos de acción deben ser tomados.

Por ejemplo, si se le preguntara a los científicos si piensan que encerrar a cada persona en el mundo dentro de su casa por un mes y no dejarla salir, evitando todo contacto de unos con otros, tendría un efecto favorable para disminuir las posibilidades de contagio, difícilmente encontraríamos uno que diga que no. Cerrar fronteras, eliminar toda forma de contactos masivos, suspender el comercio y la producción, finalmente encerrar a la gente en sus casas, son todas medidas que probablemente contribuyan a disminuir las posibilidades de contagio.

Pero no es eso solo lo que el Presidente debe resolver. Debe evaluar cómo esas medidas afectarán a la vida de las personas, la producción de riqueza, la supervivencia económica de muchísimas personas que dependen de su trabajo diario. No son consultados los científicos sobre las condiciones económicas y sociales en que quedaría el país al cabo de un mes de encierro forzoso, ni cuánto costará recuperar a la comunidad de esa medida. No se le preguntará sobre cuántas muertes producirán las medidas tendientes a evitar muertes por contagio de Coronavirus. Sólo se le pregunta si el aislamiento forzado y la paralización del comercio contribuirían a disminuir las posibilidades de contagio.

La decisión es política. El Gobierno debe evaluar las consecuencias de que se incrementen los contagios, versus las consecuencias de paralizar la producción, el comercio, la actividad social de las personas; y esa es una decisión que además, depende de las circunstancias vividas en cada país. No serán esperables las mismas medidas políticas en un país con miles de infectados y miles de muertos, con un virus todavía en expansión, a las que son razonables en un país con pocos cientos de casos registrados, cinco muertos y la expansión acotada a aquellos pocos portadores que ingresaron al país antes de que se cerraran las fronteras.

Cuando se le pide a los científicos que hagan recomendaciones de carácter político, se produce una suerte de “santificación” de la solución. Nadie puede dudar de una decisión tomada a la luz de lo que la ciencia recomienda. El problema es que se le pide a la ciencia médica que opine sobre una cuestión ajena a sus conocimientos. Es como pedirle al médico que hizo una autopsia, que indique si el procesado es culpable de homicidio.

Otra consecuencia de esto es que las personas suelen aferrarse con cierto fanatismo a las decisiones que los políticos adoptan avalados exclusivamente por la ciencia. Muy probablemente cuando expire el plazo de la cuarentena general obligatoria dispuesta por el Gobierno, buena parte de la población estaría feliz si se la extiende para garantizar su seguridad. Nuevamente, la gente evaluará una sola de las variables en juego, y el Gobierno no le informará sobre las consecuencias de otro tipo que tendrán esas disposiciones.

En definitiva, adoptar medidas severas para evitar un eventual contagio de un virus y de ese modo evitar una cantidad indeterminada de contagios y muertes, tendrá un costo en empobrecimiento, miseria, enfermedad y muerte. La decisión que debe adoptar el Gobierno, para ser seria, debería evaluar costos y beneficios. Por eso es una decisión política y no médica. Y el exceso de celo en el combate al virus puede ser tan nocivo como la inactividad.

Fuente: Infobae.com

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