El Congreso no puede ser un convidado de piedra

El coronavirus Covid-19 está trayendo innumerables problemas. Por cierto, las muertes y las enfermedades son los más graves, que justifican medidas excepcionales como las severas restricciones a la libertad ambulatoria que padecemos. Pero hay otros inconvenientes menos visibles. Uno de ellos es que el Congreso no puede sesionar. La necesidad de respetar el aislamiento preventivo, sumada a la falta de transporte para los legisladores del interior, han ocasionado la imposibilidad de hecho del funcionamiento del Poder Legislativo.

Esa situación justifica el dictado de decretos de necesidad y urgencia por parte del presidente. Es un caso de manual, que aún la jurisprudencia más restrictiva admitiría. El contenido de las medidas es, por cierto, opinable. Y, si exceden el marco permitido por la Constitución, los jueces deberán ejercer el control de constitucionalidad, con la prudencia que la emergencia exige, pero sin abdicar de la función de fijar límites que, ausente el Congreso, se torna especialmente necesaria, pero que no puede soslayar la misión fundamental que, en tal sentido, tiene el Congreso.

Esa ausencia no puede prolongarse en el tiempo. La concentración transitoria de atribuciones en el Presidente puede ser necesaria, pero es siempre peligrosa. La República se asienta en la división de los poderes, como mecanismo para evitar la tentación del despotismo. Por tal motivo, presenté un proyecto destinado a modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados y permitir la realización de sesiones no presenciales, mediante una tecnología que garantice la transparencia.

Eso no significa en el aquí y ahora que no estemos trabajando. Los legisladores de Juntos por el Cambio, a través de reuniones virtuales, estamos trabajando febrilmente en la redacción de proyectos normativos que, con independencia de su oportuno tratamiento por el cuerpo, elevamos al Poder Ejecutivo Nacional, quien ha receptado en su periódica catarata de DNU muchas de las propuestas alojadas en los mismos. Ellas abarcan la crisis sanitaria, la acuciante situación del aparato productivo, de las pymes, de los monotributistas, de los cuentapropistas, de los jubilados y pensionados, de la repatriación de los argentinos varados en el exterior, del desempeño del sistema educativo durante la pandemia, por citar algunas de las temáticas abordadas. Además, hemos convocado y han asistido para brindar informes los ministros de Desarrollo Social, Educación y Salud.

Ese aparente letargo forzoso del Congreso, que como vemos no es tal, en el medio de una situación que todos los argentinos vivimos con angustia, ha exacerbado en los últimos días las invectivas de parte de la ciudadanía contra él. Así, alentado por oscuros intereses, injustamente se nos presenta a quienes ejercemos funciones legislativas como una clase privilegiada que disfruta de enormes ventajas a costa de quienes verdaderamente trabajan (que serían solo los que lo hacen en el sector privado, como si nosotros no lo hiciéramos). Se mezclan en esas quejas ciertos reclamos legítimos junto a notorias falsedades que desde hace años circulan por las redes sociales.

Comencemos por el tema que más agita a la opinión pública por estas horas, el de los salarios de los legisladores. Creo, en primer término, que quienes ejercen una función representativa deben ganar razonablemente bien. El monto debería no ser tan alto como para que constituir en algún caso el motivo de la llegada al Poder Legislativo, ni tan bajo que dejara afuera a personas honestas de clases media y baja con vocación por el servicio público. Este es un problema que no les preocupa a los corruptos, que hasta aceptarían no ganar un solo peso con tal de tener la oportunidad de usar la función para hacer negocios ilícitos.

Pero creo también que estas circunstancias nos obligan a un gesto que contribuya a compartir los esfuerzos. Hay muchas personas a las que la cuarentena ha privado de conseguir su sustento diario. Otras, aunque sean asalariadas, habrán de sufrir más adelante los efectos del aislamiento, si este persiste. Por eso me parece necesario que se nos practique un descuento de determinado porcentual de nuestras dietas, extensivo a todos los funcionarios públicos de los otros Poderes del Estado, destinado específicamente a un fondo asignado a la atención de las necesidades sanitarias, con control de la Auditoría General de la Nación y de una comisión bicameral parlamentaria constituida ad hoc.

Ahora bien, también creo necesario despejar algunos mitos que desde hace años vienen empañando la función legislativa. Así por ejemplo, hay que aclarar que los diputados no tenemos jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales. No cobramos aguinaldo. Pagamos el impuesto a las ganancias y hacemos aportes al sistema previsional argentino, como debe ser, porque el cargo que transitoriamente ejercemos no nos puede colocar en una situación de excepcionalidad, respecto a nuestros mandantes, los ciudadanos.

En cuanto a los tan meneados subsidios, que eran de 70.000 pesos anuales y Sergio Massa elevó a 100.000, están destinados íntegramente a entidades de bien público y sujetos, desde la gestión de Emilio Monzó, como presidente de la Cámara de Diputados a un riguroso control, en el marco de la más absoluta transparencia. En la hora actual, íntegramente los hemos destinado a paliar la pandemia.

Me parece bien que la ciudadanía ejerza un activo control de sus representantes. Asimismo, en estos momentos, es lógico que se nos pida que hagamos un aporte solidario. Pero es también muy importante que esas legítimas inquietudes no se traduzcan en un clima de antipolítica que, por un lado, englobe a todos los legisladores en una misma bolsa y, por el otro, vaya esmerilando al Congreso. Con todos sus defectos, este órgano es el que de forma más eminente ejerce la representación popular. Debemos tratar de que funcione mejor cada día y de que accedan a sus bancas los más idóneos, pero nada socavaría más a la democracia que la falta efectiva de un Congreso que contrabalancee al Poder Ejecutivo. No dirijamos las cacerolas contra la política, porque a la vuelta de la esquina nos va a estar esperando siempre la anarquía o el autoritarismo. Nuestra historia reciente dramáticamente lo corrobora.

El autor es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (Cambiemos)

Fuente: Infobae.com      Jorge Enriquez