Alimentos con sobreprecios: molestia en los movimientos sociales porque el Gobierno no tuvo en cuenta a las cooperativas

El escándalo por el pago con sobreprecios en los alimentos adquiridos por el ministerio de Desarrollo Social, llamado en la Casa Rosada “Fideogate”, expuso una vez más la interna que existe entre las organizaciones barriales que pugnan por el control del reparto de la asistencia en los barrios más carenciados -como ya informó Infobae-, y los intendentes que perdieron el control de los planes sociales que quedaron en poder de las agrupaciones sociales que forman parte de la estructura ministerial encabezada por Daniel Arroyo. También quedó expuesta la molestias de estos porque las cooperativas, PyMES y productores de la economía popular no fueron tenidos en cuenta para abastecer, al menos en un porcentaje, al Estado nacional.

Si bien es cierto que fábricas recuperadas, por ejemplo de fideos o de envasado de legumbres, y que forman parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), no se inscribieron en la compulsa de precios porque no tienen la capacidad de volumen de entrega exigida en la contratación directa; también es veraz que desde la cartera de Arroyo no se los tuvo en cuenta ni en un solo renglón del pliego de compra a pesar de las sugerencias que habían partido de parte de los dirigentes sociales que son funcionarios en en ese ministerio, como Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, y uno de los conductores del Movimiento Evita, a través del cual maneja unos 400.000 planes sociales y 1.500 merenderos y comedores en todo el país.

Otro de los funcionarios de Arroyo es Daniel Menéndez, que se desempeña como subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. El dirigente es referente nacional del partido SOMOS, que lidera la titular del INADI, Victoria Donda, y coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie.

Rafael Klejzer, otro nombre con volumen propio dentro de las organizaciones barriales y sociales, es el director de la Secretaría de Economía Social. Klejzer pertenece al Movimiento Popular La Dignidad y es secretario de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Capital. El principal referente de ese espacio es Juan Grabois.

Todos ellos son responsable de que los alimentos básicos lleguen a los comedores en momentos de cuarentena y distanciamiento social, donde buena parte de los hombres y mujeres que realizan changas o trabajos por hora, no pueden salir a ganar el sustento para sus familias porque sus labores no fueron excluidas en el decreto presidencial que impuso el aislamiento obligatorio.

Buena parte de los alimentos comprados de manera urgente y mal por parte del ministerio de Arroyo, a valores un 37% más caro que el que se consigue en una góndola de un mercado de proximidad, estaban destinados justamente a esos comedores ubicados en las zonas carenciadas del conurbano bonaerense.

Dirigentes de estos espacio de la economía popular, o de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que encabeza el diputado Juan Carlos Alderete, y que fueron consultados para esta nota por Infobae recalcaron una y otra vez que desde sus trincheras que cooperativas, Pymes y productores de la economía popular, como los enrolados en el MTE Rural, podrían haber provisto, por ejemplo a algunos municipios para los que se adquirían estos productos, y de esa manera potenciar el trabajo de cooperativas como Subpga de los Trabajadores Ltda, un frigorífico recuperado que podría proveer cortes de carne vacuna para que cocine el Ejército y lo distribuya entre la población más necesitada, como ya se está realizando.

Pero nada de esto sucedió.

«El Estado le compró el azúcar, los fideos, el aceite, las lentejas, a las peores empresas, a las más rastreras del mercado alimentario. A las que ya tenían causas abiertas por distintas irregularidades. Le compraron la comida para los más necesitados al Club de proveedores del Estado de alimentos”, le dice a Infobae Grabois, el dirigente de la poderosa CTEP y allegado al papa Francisco.

“Todas las verduras y legumbre, se podrían haber provisto desde las cooperativas y fábricas recuperadas. Los fideos que hacemos nosotros son más artesanales, pero salen lo mismo o menos de lo que se pagaron y le darían laburo a la gente. Lo mismo ocurre con la carne y tantas otras actividades. Muchos funcionarios se acuerdan de nosotros cuando tienen que hacer anuncios, para dejar un título a los medios pero nada más. No fuimos tenido en cuenta”, abunda.

“Lo que pasó en Desarrollo Social fue un error muy grave, los responsables tienen que pagar las consecuencias y entiendo que ya están rodando cabezas. Nos da bronca y dolor porque vemos que faltan los alimentos y cuando llegan son de mala calidad y el Estado los paga más de lo que vale y no convocaron a las cooperativas de trabajo que producen alimentos de mejor calidad y a menor valor. Por eso la bronca es doble”, insiste Grabois, una de las primeras voces que se hicieron escuchar pidiendo que en la cartera de Arroyo rueden cabezas.

En esos espacios consideran que fue porque en la interna ministerial perdieron esa batalla con la línea de funcionarios que responden a los intendentes bonaerenses a través de Gonzalo Calvo, quien estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica y fue uno de los responsables de la compra de aceite y azúcar con precios superiores a los del mercado.

Ayer, como informo este medio, Calvo y su línea de 14 funcionarios, fueron echados del ministerio -aunque a ellos les gusta más aclarar que presentaron sus renuncias-. El ahora ex secretario había sido estado al mando del área de Seguridad en la municipalidad de Almirante Brow, al frente del cual está el peronista Mariano Cascallares. De ahí su relación con la liga de intendentes. Los piqueteros aspiraban a tener a uno de sus dirigentes en áreas donde se decide a quien se le compra y a quien no. Sin embargo estos fueron relegados de esos espacios de poder.

Quien sigue bajo la lupa en la investigación interna que en Desarrollo Social se abrió a pedido del presidente Alberto Fernández es María Cecilia Lavot, la Secretaria de Gestión Administrativa, quien también habría tenido algún tipo de participación en la cuestionada compra directa. Lavot fue la apoderada por las provincia de Buenos Aires del partido Kolina, en las últimas elecciones generales, según las constancias a las que accedió Infobae desde la Cámara Nacional Electoral. Kolina es la agrupación política que encabeza la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

En el pase de facturas internas y de supuestos enfrentamientos con la línea piquetera del ministerio, se menciona Laura Alonso, la joven dirigente de La Cámpora, allegada al diputado Máximo Kirchner y actual Secretaria de Inclusión Social. Voceros de ese espacio político negaron ante Infobae de manera rotunda cualquier tipo de vinculación de Alonso con el escándalo. Lo mismo hicieron desde el ministerio de Desarrollo Social.

“Hay funcionarios que hicieron esta jugada -los sobreprecios- para esmerilar a Arroyo o sacar a Arroyo del ministerio. Todo esto es por una cuestión interna que también afecta al presidente Alberto Fernández. Esto es muy grave. En el ministerio los movimientos sociales vemos muy mal que se paguen sobreprecios por alimentos para los más necesitados. Esa comida tenía que ir a nuestros comedores, a nuestras familias, y ahora debemos explicarle a nuestros compañeros en los barrios como se pago un treinta, un cuarenta por ciento más que el mimos paquete de fideos que se compra en el barrio. Y encima a nuestras cooperativas, a nuestros productores, no le dieron oportunidad de ofrecer ni un paquete de lentejas en las mismas intendencias donde las envasamos«, razona otro de los dirigentes sociales que forma parte del gobierno pero que a diferencia de Grabois –que no tiene cargo público– prefiere no ser mencionado.

Una tercera voz agrega: “Las contradicciones se exacerbararon en el Gobierno a un límite enorme. El presidente critica con fiereza a Paolo Rocca (CEO de Techint) por los más de mil despidos en medio de la pandemia por el coronavirus, en una clara disputa por el poder, y por otro lado el ministerio de Arroyo compra con sobreprecios de más del treinta por ciento dejando mal parados a los militantes sociales que formamos parte del ministerio. Además los intendentes, a través de Calvo, decidieron a quien se le compraba y a quien no«.

Si bien en sus primeras declaraciones el ministro Arroyo había dicho que no se daría marcha atrás con la polémica compra directa, ahora, y por pedido de Fernández, dispuso revocar las compras de aceite y azúcar, que según le aseguraron a Infobae desde el ministerio de Desarrollo Social, eran las que estaban por encima de los precios testigo de la Sigen y explicaron que “llamaremos a una nueva convocatoria de precios pero que no podrá superar los valores que ya había publicado la Sindicatura General de la Nación”.

Algo que se debería haber realizado antes pero que se dejó correr según Arroyo, “por cuestiones de urgencia”. “La urgencia no valida todo, ni los sobreprecios ni el supuesto apuro de comprarle a las peores empresas agrupadas en consorcios sospechados de corrupción en otras administraciones, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, ni mucho menos dejar a los trabajadores de la economía popular y a las cooperativas afuera”, vuelve a remarcar Grabois.

La guerra por los sobreprecios volvió a poner sal a las heridas aún no cicatrizadas entre los intendentes más pesados del conurbano bonaerense y los dirigentes sociales quienes tienen, a través de Pérsico, la llave de las altas y las bajas de los planes sociales y no los jefes territoriales, como ocurría primero durante los tres gobiernos kirchneristas y después con el de Mauricio Macri.

Eso cambió, aunque la otra llave, la de las adquisiciones de mercadería para repartir, seguía en manos del ala política y no social.

¿Eso también cambiara? habrá que dejar correr el agua y ver hasta dónde llega la depuración en el ministerio más sensible que tiene la administración de Fernández. Por el momento, el jefe de Estado, a través de la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, estará supervisando de cerca, los nuevos valores a los que se adquieran los alimentos.

Fuente: Infobae.com