La clase política homenajea a Groucho Marx

• Hay un concepto, una categoría, que a los políticos les desagrada. No les gusta que se les aplique. Es el concepto de clase política. Es decir, la idea de que existe un grupo de gente que representa a otra, pero que, más que regirse por los intereses de los representados, tiene conductas de clase, incentivadas por la propia profesión. Por eso, ante circunstancias similares reaccionan de la misma manera, defendiéndose como grupo, inclusive en contra de la sociedad a la que representan.
• En España, la izquierda acuñó otra palabra para referirse a esta caracterización: casta política. Como si los políticos fueran un grupo de privilegio que declama la representación y actuar en beneficio del pueblo, pero que, en realidad, en determinadas encrucijadas reaccionan de una manera corporativa, defendiéndose a sí mismos como casta o como clase.
• En estos días, tanto en el plano institucional como en el económico, la dirigencia política argentina está demostrando que se puede comportar de esta misma manera.

• En la actualidad, hay una discusión muy importante en la agenda pública, que tiene que ver con la naturaleza, y la forma de designación y de remoción de los fiscales. No solamente del Procurador General de la Nación, que es el jefe de todos ellos, sino de cada uno en particular.
• Siendo que la Argentina es un país donde ha habido y hay mucha corrupción; se justifica que miremos este problema de quién acusa, con qué dependencia lo hace y qué espaldas tiene para hacerlo en los casos de corrupción que tienen que ver con la política.
• Sin embargo, lo que se está discutiendo hoy en la Argentina es la naturaleza de los fiscales en todas las causas de la Justicia Penal Federal, de la Penal Ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires, de la Justicia Laboral, Económica, Tributaria y Contencioso-administrativa. Esto se da en un contexto muy relevante porque ha habido una reforma que pone toda la conducción del proceso en manos de fiscales.

• Es decir, los fiscales, de acuerdo con los nuevos procedimientos, muchos de los cuales todavía no se implementaron, son quienes reinan sobre las causas judiciales, más que los jueces, quienes se deben encargar de que se cumpla con las garantías del proceso. De esta manera, quien va a investigar es el fiscal. Por lo tanto es muy importante determinar qué dependencia tienen respecto del poder político, sobre todo en un país con muchísima corrupción, donde la política está muy judicializada y donde los políticos, como clase o casta, van a querer tener el control de ese órgano.
• La Constitución argentina se reformó en 1994, después del Pacto de Olivos, y estableció que el cuerpo de fiscales esté dirigido por el Procurador General de la Nación, que es quien conduce el Ministerio Público, como un órgano «extrapoder», que no pertenece al Poder Judicial, ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Es una especie de cuarto poder que se estableció de ese modo para darle una sobredosis de independencia respecto de la política. De la clase política.
• Ahora en el Senado, donde todo lo que ocurre sucede a instancias de Cristina Kirchner, que tiene una sensibilidad extraordinaria a su propio poder, del poder se está tratando de modificar la mayoría con la cual hay que designar y remover al jefe de los fiscales. Pero, además, se está modificando la composición del cuerpo del tribunal de enjuiciamiento que puede remover a cualquier fiscal, no solamente al Procurador de la Nación. Son dos reformas distintas. La del procurador opaca la de todos los fiscales. Estamos mirando que se requieren dos tercios para nombrar al procurador y no estamos viendo que hay una reforma que le va a dar muchísimo poder a cualquier oficialismo que esté al mando del Ejecutivo, al actual o al que venga. Podrán decir «este fiscal me molesta» en la causa que sea, y removerlo. Ya ha habido casos en la actualidad muy significativos de pretensión de remoción de fiscales: José María Campagnoli y Carlos Stornelli son los dos más notorios.
• La ley dice que para nombrar al procurador se necesitan dos tercios del Senado. Esto quiere decir que tiene que haber un acuerdo político, porque es muy difícil que una sola fuerza tenga dos tercios. De igual manera, para removerlo, también tiene que haber dos tercios.

• Alberto Fernández postuló al juez Daniel Rafecas para que sea el jefe de los fiscales, e indicó: «Quiero que sea por dos tercios». Es decir, el Presidente dijo: «Mi propósito político es que la designación del jefe del Ministerio Público, que tiene estas responsabilidades tan importantes y al que probablemente le asignen además capacidades policiales (una parte de la Policía Federal puede terminar en manos de él para investigar lo que sucede), provenga de un acuerdo, un entendimiento entre el Gobierno y la oposición, dada la sensibilidad del tema y dado el mandato constitucional de que sea un órgano ‘extrapoder'». Este es un objetivo político atado a valores. El Presidente está diciendo que quiere llegar a un consenso para esa dimensión institucional de la Justicia.Cristina le dice que no, que lo va a poner el oficialismo porque van a reformar la ley y van a hacer que se designe por mayoría absoluta. Habrá que ver qué opina Fernández de esto, porque ha ido cambiando de opinión, demostrando que el poder, también en esto, lo tiene Cristina.

• Para este tema, igual que para otros, se consultó a la comisión Beraldi, que ya está adquiriendo rasgos cómicos. Porque es una comisión donde, en vez de emitir un dictamen sobre los distintos temas que se sometieron a consideración de ella, lanzaron uno donde dicen: «Tres miembros dijeron esto, tres dijeron lo otro y otro dijo lo de más allá». ¿Qué sucedería si uno fuera a una junta médica para que le dictaminen qué es lo que hay que hacer y actuaran de esa manera? No sabemos para qué se constituyó la comisión. No. Claro que sabemos para qué: para que el poder político pueda elegir la opinión que más le convenga en un menú de opiniones. Esto responde astutamente a un viejo consejo de Henry Kissinger, que decía: «Nunca formules una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano». Por supuesto que los juristas de la comisión tienen el derecho a decir que están obedeciendo honestamente a lo que creen en torno al derecho y al funcionamiento institucional. Pero, da la casualidad que los que están alineados con las pretensiones de Cristina y, en general, del Gobierno son los juristas que pertenecen a tribunales vinculados al peronismo o los juristas que, como Beraldi, son abogados penalistas defensores de funcionarios, militantes o dirigentes del oficialismo.
• Hay un alineamiento de un grupo de juristas que sostienen que debe ser como dice Cristina: que hay que pasar de dos tercios a mayoría absoluta. Otros juristas, entre ellos algunos tan eminentes como Enrique Bacigalupo, que tiene una carrera brillante en España, dicen que hay que mantenerlo como está para garantizar la independencia y que no dependa solo de una facción del poder. Para ellos, es saludable que provenga de un acuerdo político.
• Además de esto, también se está modificando la forma en la que se puede remover a los fiscales comunes, que ya no es con dos tercios del Senado. Para esto, hay un tribunal de enjuiciamiento que va a estar compuesto por tres miembros del Congreso, uno del Poder Ejecutivo, un representante de los rectores de universidades nacionales, uno de los abogados y uno a elección de los fiscales. Bastaría con cuatro votos de esta comisión de siete para que un fiscal pueda ser removido.

• Este lunes, hubo un tuit muy interesante de Jorge Yoma, que es importante porque es el autor de la primera Ley de Autonomía del Ministerio Publico 24.946, la cual reguló todas estas cuestiones y salió por unanimidad del Congreso. Incluso, la votó Cristina, que ahora cambió de opinión. En una cadena de mensajes, Yoma sostiene que la disputa en torno a la comisión es mucho más importante que lo que se discute acerca del Ministerio Público y que, por eso, los fiscales deberían hacer algo para defender su independencia y su capacidad de trabajo autónomo.
• Ya hicieron algo porque una infinidad de fiscales firmaron una carta que le llegó a Oscar Parrilli donde lo alertan sobre esto y le dicen: cuidado, no estén haciendo esta reforma para ver cómo les va a ustedes en las causas que tienen en los tribunales penales federales; piensen que están destruyendo una institución importantísima porque están sometiendo las investigaciones de todos los fueros a lo que quiere un oficialismo de turno, de este o el que venga. Esto, como dice Yoma, es de una gravedad institucional de primera magnitud para la salud republicana.
• También, como dice Yoma, que suele ser muy cómico: «Esto no aguanta la revisión de constitucionalidad del cana que está cuidando la mesa de entrada de Tribunales». Pero, como sabemos que la justicia en la Argentina es un acordeón, es un tema muy importante para ser examinado.
• Ha habido otros pronunciamientos. En el año 2017 se estaba discutiendo lo mismo que ahora a partir de una propuesta del gobierno de Mauricio Macri, que era igual: pasar de dos tercios a mayoría absoluta. El que está en el poder siempre quiere eso, pero cuando está en la oposición tiene otros principios. Es como aquello de Groucho Marx que decía: «Tengo estos principios y si no te gustan, tengo otros». Toda la clase política funciona un poco así.
• En aquel entonces, un organismo que está muy comprometido con las cuestiones institucionales y que opina todo el tiempo sobre estos temas le llamó la atención a Macri, y lo hizo con el siguiente texto: «El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal ingresado al Senado de la Nación tras la renuncia de la Procuradora General pone en riesgo la independencia y autonomía funcional del organismo. La propuesta contiene normas inconstitucionales y otras que constituyen un peligro para la división de poderes y amenazan con debilitar la figura del/la próximo/a Procurador/a. Se quiebra el alto nivel de acuerdo necesario para lograr la designación del/la Procurador/a y Defensor/a General de la Nación». Lo firmó el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), de Horacio Verbitsky. Un organismo que todavía no se ha pronunciado por esta nueva reforma, pero que tendría que decir lo mismo que hace tres años atrás.
• Dicho sea de paso: Verbitsky acaba de reeditar dos libros muy importantes de su bibliografía «El vuelo» y -sobre todo- «La historia de la Iglesia bajo la dictadura», que es extraordinariamente agresivo para con las relaciones entre la política y la Iglesia, sobre todo para Jorge Bergoglio. De esta manera, el periodista y escritor vuelve con un tema que hacía tiempo no tocaba.
• Le preguntaron a Fernández qué opina acerca de esto, y dijo: «Bueno, todavía lo tenemos que estudiar…» Probablemente, él quiera que todas estas cuestiones entren en una vía muerta en la Cámara de Diputados y que nunca se traten. Sin embargo, hay un punto interesante y es que Daniel Rafecas, a quien él sugiere como procurador, dice: «Quiero surgir de un acuerdo político, no quiero ser procurador del kirchnerismo o del Gobierno».

• Este lunes le consultaron al Presidente por su opinión al respecto, y respondió: «El problema de Rafecas es que es muy principista y esto es un tema práctico». Es decir que, si a los fiscales los va a manejar el Gobierno o si van a tener autonomía respecto a este o al que venga, es un tema práctico, no tiene que ver ni con valores ni con principios para el hijo de un juez, que enseñó 30 años en la Facultad de Derecho y que entiende lo que es el Estado de Derecho, como le gusta autorretratarse al mandatario. Tengo unos principios, si no le gustan, tengo otros.
• En esto que está pasando con la regulación de la institución de los fiscales y del Ministerio Público en sí -donde organismos que se pronunciaron en algún momento ahora guardan silencio y donde Cristina, que votó un tipo de legislación, ahora vota la contraria-, Fernández va adaptando sus posiciones y sus pretensiones políticas. Está renunciando a algo importantísimo para su propio Gobierno y para su propia identidad como líder. Era un objetivo muy ambicioso decir que la investigación penal en la Argentina va a surgir de un acuerdo político y no necesariamente de quien gobierna en la Casa de Gobierno. Pero estaría renunciando a eso.
• De todos modos, en la oposición pasan cosas parecidas. Horacio Rodríguez Larreta acaba de proponer un diseño de la Oficina Anticorrupción que tiene un nombre más interesante: Oficina de Integridad. Se establece ahí que los encargados de esa oficina no deben querellar a los funcionarios. Es lo mismo que dejó de hacer la Oficina Anticorrupción de Alberto Fernández. ¿En qué se basa el titular Félix Crous para decir «no querellamos más»? Dicen que no tienen personal. Además, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que es bastante ridículo pretender que un funcionario designado por otro funcionario vaya a investigar a quien lo eligió. Políticamente es bastante utópico, para eso está la Justicia y la Procuración de Investigaciones Administrativas.
• Larreta, con mayor practicidad (como le gusta decir al Presidente), establece un proyecto de Oficina Anticorrupción como el que quiere Fernández. Probablemente, los opositores le pidan lo que le piden los opositores a Fernández. Tengo estos principios y, si no les gustan, tengo otros. Es decir, los oficialismos tienden a parecerse entre ellos; los políticos tienden a parecerse más entre ellos por su condición de políticos que a diferenciarse entre sí por el partido en el cual militan. Esto es lo que se va aprendiendo a nivel institucional.
• Lo anterior también se ve en la Economía. Hubo una reunión importante el viernes de la que participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán; el representante de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos; la misión del FMI que estaba en el país, presidida por Luis Cubeddu, quien participó vía Zoom porque se contagió en Buenos Aires del coronavirus; y los representantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que ya habían tenido hace unas semanas otro encuentro con Guzmán. Esta vez, estuvo también -como en aquella oportunidad- el jesuita Rodrigo Zarazaga, alguien que tiende a vincular a Guzmán con la comunidad académica desde que ambos estudiaban en Estados Unidos.
• Por los empresarios de AEA estuvieron Jaime Campos, Paolo Rocca, Enrique Cristofani, Federico Braun y Alberto Grimoldi. Fueron pocos porque se los convocó a último momento y muchos estaban afuera. Sin embargo, que sea un número menor al anterior no indica ningún tipo de conflicto. ¿De qué se habló?
• Paolo Rocca, como suele hacer, tocó el punto más irritante: la carta de los senadores a Kristalina Georgieva recordando las atrocidades que hizo el FMI en su la relación con Macri. Incómodos, tanto el ministro como el FMI lo adjudicaron a un problema interno.
• ¿De qué se habló después? Del impuesto a la riqueza, un tema que molesta a todos los empresarios. Ahí se enteraron, entrando a la reunión, de la trágica muerte de Jorge Britto. El banquero se accidentó luego de que su helicóptero cayera en Salta y murió predicando -justamente- en contra de este gravamen. Sobre esta cuestión, Guzmán dijo algo de gran importancia conceptual y política. «Esto no es un impuesto, sino que es un aporte por un solo año. Lo garantizo. Y si el año próximo no fuera así, me voy».
• Palabras muy duras de Guzmán, que darían a entender, aunque, por supuesto, no lo va a decir, que no está del todo conforme con este aporte extraordinario, ideado por Carlos Heller y Máximo Kirchner. Además, estas declaraciones también indican que el ministro está buscando algún tipo de alianza con el empresariado, probablemente, obedeciendo a un impulso propio y del Presidente.
• Guzmán tomó sus recaudos antes del encuentro y la fue a ver a Cristina, a quien le hizo un informe sobre la reunión y le explicó cómo está la situación con el FMI. Ella lo bendijo, lo cual muestra que el ministro sigue teniendo el apoyo de la vicepresidenta, y lo que es aún más importante: que sigue buscando su respaldo.
• Durante la reunión, Guzmán habló de la necesidad de que se haga una gran reforma impositiva porque los empresarios no solo se refirieron al impuesto a la riqueza, sino también al desbarajuste impositivo que hay en la Argentina, que ya está asfixiando totalmente cualquier tipo de actividad económica.

• En relación a ello, hay que destacar una nota que hizo María Julieta Rumi esta semana en LA NACION. Se trata de una publicación muy interesante porque pone de manifiesto un tema que es un debate central en la política de otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, pero que acá pasa sin pena ni gloria: la cuestión impositiva.
• En el país domina una ideología compartida por todas las facciones que por un lado, sostiene que a la sociedad la debe organizar el Estado y, por el otro, que la clave del poder está en la caja. Cualquiera sea la circunstancia que reine en la economía hay que garantizarse la caja, inclusive, aunque se le saque plata a la sociedad y se la sumerja en una mayor recesión
• Julieta Rumi retrata esta situación al enumerar los 14 impuestos que se crearon o aumentaron durante la gestión de Fernández: el impuesto PAIS; Bienes Personales; los costos laborales; el impuesto a las Ganancias para sociedades; el impuesto a las Ganancias y los ajustes por inflación; el impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias; los derechos de exportación; la percepción del 35% sobre compra de dólares; los impuestos internos a productos tecnológicos y electrónicos; el Fondo de Incentivo Docente; el impuesto a las apuestas online; al contribución sobre las primas de seguros para automóviles; la contribución sobre las primas de seguros para el manejo del fuego; y el impuesto a la riqueza.
• Son 14 impuestos que el Gobierno creó o aumentó. O en el caso de que se preveía una baja de determinado gravamen, se suspendió. Es decir, un enorme avance del sector público sobre el privado y de la casta política sobre la sociedad en un momento de recesión, cuando se recomendaría bajar impuestos, no subirlos. De esto se habló en la reunión entre los empresarios, Guzmán y los representantes del FMI.

• Juntos por el Cambio, que gobierna en la Ciudad de Buenos Aires, acaba de anunciar en su nuevo presupuesto que va a imponer nuevos impuestos: un 8% a las Leliq. ¿Qué van a hacer los bancos con esto? Lo van a trasladar a las tasas que cobran o a las que pagan. Es un impuesto que lo van a pagar los bancos con sede en la Capital Federal, pero que lo van a trasladar a los usuarios del sistema financiero de toda la Nación y se va a obligar, además, al Banco Central a repensar la cuestión de las tasas porque ahora las de las Leliq van a estar recargadas con este impuesto. Es una devolución de favores de Larreta a Fernández, que le quitó coparticipación sin sentarse ni siquiera a negociar o, por lo menos, a darle alguna explicación. Acá está el vuelto.
• Larreta aplicará también un impuesto que pagarán todos los que vivan en la Ciudad y que ya existe en otras provincias, que es el del 1,2% del resumen de la tarjeta de crédito. En ningún momento ni el Gobierno nacional ni el porteño dan la noticia de cómo van reestructurar sus gastos ya que nos cobran más impuestos. Esto es caja, porque el poder es caja. Juntos por el Cambio, cuando está en el Gobierno, en este caso de la Ciudad, también sube impuestos. De nuevo el chiste de Groucho Marx: tengo estos principios, pero si estoy en el Gobierno, tengo otros.
• Por otro lado, se están produciendo novedades que pueden ser beneficiosas para Fernández en el plano internacional. Es importante que el kirchnerismo le preste atención a esta cuestión porque están acostumbrados a los tiempos de bonanza, cuando la tonelada de soja valía 600 dólares y eso les permitía tener una especie de membrana de aislamiento dado el enorme superávit fiscal que permitían las retenciones.
• Sin embargo, ahora el país debe plata y está discutiendo con el mundo cómo renegociar ese dinero. Ese es el eje de las conversaciones que se está realizando con el Fondo y con otros países, centralmente con Estados Unidos.

• Mauricio Macri lo aprendió y citó este viernes pasado, en las oficinas que tiene sobre Libertador al 2700, a un grupo de personas que fueron embajadores de él, como Fernando Oris de Roa (Estados Unidos), Mariano Caucino (Israel), Paula Bertol (Organización de los Estados Americanos, OEA), Marcelo Stubrin (Colombia) y Carlos Magariños (Brasil), a quienes reunió con Fulvio Pompeo, su asesor en esta materia en la Casa Rosada. Los interrogó con mucho detalle para saber dónde está parada la Argentina.
• Esto es importante porque se está armando un nuevo gobierno en Estados Unidos y porque Joe Biden probablemente sea, con George Bush padre, el presidente norteamericano con más training en cuestiones diplomáticas e internacionales. Se dedicó toda su vida a eso. Es el hombre que más conoce, quizá de todos los presidentes de la historia de ese país a América Latina. Tiene 13 viajes a la región.
• Biden acaba de nombrar a su canciller, Antony Blinken, y a su secretaria del Tesoro, Janet Yellin, muy conocida en el ambiente financiero porque fue chairwoman de la Reserva Federal. Yellin representa una vuelta a una receta clásica en materia económica del partido demócrata basada en la responsabilidad fiscal y en la libertad de comercio. De todas formas, la idea de un Biden hipergastador es muy relativa porque tiene un límite muy importante: todavía hay que ver cómo quedará configurado el Senado y eso dependerá de lo que se vote en Georgia.
• Hay un dato que se debe relativizar. Estamos hablando de economía, de números, de intereses y de plata. Pero hay una variable, que puede influir y que está vinculada con una cuestión que hay que mirar de cerca: las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. No solamente con la Argentina. Por esto, es importante considerar el protagonismo de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Biden es un católico que conoce mucho al Sumo Pontífice. Además, el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, que era el segundo de John Kerry, estuvo en coordinación permanente con el Vaticano en la recomposición de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esa recomposición fue operada por Bergoglio en combinación con el partido demócrata.
• Esto es importante porque hablar de Cuba es hablar de Venezuela, y es hablar de las relaciones de las FARC y el gobierno de Colombia. Ese fue un juego que se estableció durante el gobierno de Barack Obama y que puede volver. Es posible que el Vaticano ocupe de nuevo un lugar importante en el ajedrez latinoamericano. Sumado a esto, hay otras cuestiones, como por ejemplo el medioambiente, donde convergen también Biden y Bergoglio. No es una casualidad que Bergoglio haya violado el protocolo para llamar por teléfono a Biden cuando todavía estaban contando los votos. Algo que prohíbe el ceremonial vaticano, que prevé que el saludo a los presidentes se haga cuando ya son nombrados presidentes.

• La tesis oficial, que obviamente no estará por escrito ni se la vamos a escuchar decir al Papa ni a sus colaboradores, es que el gobierno del Vaticano (es decir, Bergoglio) quiere que a Fernández le vaya bien. Tiene un vínculo muy estrecho con el mandatario argentino y una relación de mucha tirantez, casi cortada, con Cristina Kirchner. En el Gobierno, el Sumo Pontífice se relaciona con dos personas: Gustavo Beliz y Martín Guzmán, cuyo vínculo con Kristalina Georgieva fue alimentado en el Vaticano. El obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo convocó a intelectuales y a políticos, y aprovechó para reunir a la titular del FMI con Guzmán en la Academia de Ciencias que él dirige.
• Hay otro dato importante. En el esquema latinoamericano de Biden hay varias personas importantes, pero hay una que se convierte en decisiva. Se llama Julissa Reynoso. Fue la niña mimada de Hillary Clinton cuando era Canciller; fue embajadora de Obama en Uruguay; y ahora es la jefa de Gabinete de Jill Biden, la primera dama. Reynoso va a estar viviendo en la Casa Blanca. Conoce muy bien a la Argentina, pero lo interesante es que es muy amiga de Beliz de la época en que él trabajaba para el BID en Montevideo, donde ella era embajadora de Estados Unidos.
• Empieza a haber un puente entre Bergoglio y la Casa Blanca por mil razones, no por la Argentina, y el gobierno de Fernández piensa apelar a ese puente. Posiblemente, en momentos críticos le sirva. Claro, hay una tendencia natural en los argentinos y en los políticos, por eso son una casta, a sobrevalorar el interés de la política sobre otras dinámicas y otras lógicas. Sería un error entender este nuevo ajedrez que se está montando como un beneficio absoluto. Sería una muestra más de voluntarismo.

 

Fuente: La Nación