En tiempos de pobreza, los únicos que tienen garantía de subsistencia son quienes tienen empleo. Y cuando los empleos privados escasean, una tabla de salvación segura ha sido siempre el sector público. Por eso los militantes, muchos de ellos jóvenes de escasa o nula experiencia, se desviven por lograr designaciones en distintas áreas del Estado y cooptan organismos como la Anses, el PAMI, Aerolíneas, YPF y Aysa, entre otros.
Como el Gobierno alimenta un inmenso déficit fiscal, que cubre con emisión monetaria, cada nuevo militante que logra un cargo lo hace a costa del hambre de quienes no llegan a fin de mes. Al igual que con las vacunas vip. Cada nuevo sueldo en la nómina es mayor emisión monetaria. Cuanto mayor emisión, mayor inflación. Y a mayor inflación, más pobreza. Más militantes con cargos y sueldos exorbitantes, más pobres con mate amargo.
Hay un caso que ilustra la insensibilidad y desvergüenza de quienes corean “la Patria es el otro”, mientras le quitan al otro el pan de su boca. Nos referimos a la Casa Patria Grande Néstor Kirchner. Ubicada en la aristocrática esquina de Juncal y Carlos Pellegrini, ese palacete fue otrora la mansión del doctor Viale, proyectada por el célebre Juan Antonio Buschiazzo en el Centenario (1910) y adquirida por el Estado en 1942.
Cristina Kirchner la inauguró en 2011 con aquel nombre para la “promoción de la integración de los pueblos latinoamericanos” en presencia de los presidentes Fernando Lugo, de Paraguay, y José “Pepe” Mujica, de Uruguay. En realidad, se convirtió en unidad básica con “boiseries” para militantes de La Cámpora. Durante la gestión de Cambiemos, se llamó Casa Creativa del Sur y pasó a la órbita del Ministerio de Cultura. Pero allí duró poco. Al asumir Alberto Fernández, la regresó a su estado anterior, bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.
Sin pudor alguno, un reciente decreto ha considerado “necesario” dotarla de una estructura burocrática, incorporando nuevos cargos al Estado. Al comienzo, se trataba de una casa, un espacio físico. Ahora es una repartición pública hecha y derecha, a la medida de los militantes de La Cámpora. Como ironizaría Cortázar, es una “Casa tomada”. Aliviados por el decreto presidencial, los recién llegados ya están cubiertos por el convenio colectivo del Sistema Nacional del Empleo Público. De allí, nadie más podrá sacarlos.
En un país asediado dramáticamente por la pobreza y la indigencia, con personal de salud agotado y mal pagado, con 3,7 millones de empleos perdidos y 9 millones de niños con hambre, ¿cómo pueden justificarse más funcionarios en la administración pública? ¿Qué valioso y distintivo aporte realizarán los recién llegados en esta emergencia, existiendo ya 20 ministerios y 750.000 empleados en la Nación para promover integraciones?
Hay un caso que ilustra la insensibilidad y la desvergüenza de quienes corean “la Patria es el otro” mientras le quitan al otro el pan de la boca. Nos referimos a la Casa Patria Grande Néstor Kirchner
Los ocupantes de la casa nada harán para mejorar el nivel de vida de los argentinos, ni su salud, ni su educación, ni su vivienda, ni su seguridad. No se dedicarán a la integración regional, que es función del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ni analizarán el papel de España como integradora de las culturas de América Latina, pues a Colón lo echaron de la Rosada. Ni estudiarán a los chichimecas, guaraníes, incas o araucanos, pues su rol no es la antropología cultural. Se trata de una nueva concesión de Alberto Fernández a los deseos de Cristina Kirchner, para continuar predicando el ideario montonero no ya solo desde el Instituto Patria, sostenido supuestamente por el aporte de los propios militantes, sino ahora debidamente sufragado con fondos públicos.
Alguien deberá explicarle a Juan González, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca que visita en estas horas la Argentina, que el flamante organismo, favorito de la vicepresidenta de la Nación, tiene por objetivo propugnar la unión de América Latina. No para comerciar ni para prosperar en conjunto, sino para liberarse de quien ella considera el enemigo común: los Estados Unidos de América.
Esa fue la idea primigenia de León Trotsky, cuando propuso desde México la formación de los “Estados Socialistas de América Latina” como parte de la Revolución Permanente. Unirse contra el imperialismo norteamericano, como lo quisieron el salvadoreño Farabundo Martí, el cubano Julio Antonio Mella, el nicaragüense Augusto Sandino, los argentinos Liborio Justo y Manuel Ugarte (quien acuñó la expresión “Patria Grande”) y, por supuesto, Ernesto “Che” Guevara, Fidel Castro, Daniel Ortega y Hugo Chávez, con su socialismo del siglo XXI.
¿Cobrará viáticos el coordinador de Articulación para la Promoción de la Integración Regional de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner cuando viaje a provincias para adoctrinar acerca del socialismo nacional? ¿Contará con presupuesto para reimprimir obras de la editorial Claridad el coordinador de Comunicación y Divulgación para la Promoción de la Integración Regional? ¿Llevarán activistas a las protestas frente a la embajada de los Estados Unidos como parte de los trabajos prácticos?
En la misma avenida 9 de Julio adonde asoma la mansión del privilegio, suelen cortar la circulación los militantes del Polo Obrero, el MST, Barrios de Pie, Libres de Sur y otros movimientos sociales, para reclamar pan y trabajo. ¿Saldrán los nuevos funcionarios por la puerta trasera del palacete de Buschiazzo para evitar sus enfervorizadas demandas sin ser vistos?
Y mientras el Estado Nacional recurre a la emisión que alimenta una inflación desbocada, devenida en impuesto a la pobreza, para pagarles sueldos, viáticos, gastos de movilidad y materiales de difusión, con seguridad los privilegiados funcionarios estarán navegando por Google, enviarán tuits y WhatsApps, revisarán su Instagram, verán series de Netflix y algunos de ellos estarán planeando viajar a Miami o a Disney World en cuanto termine la pandemia. Para seguir fielmente las huellas de su lideresa, que sostuvo no tener prejuicios al respecto.
Fuente: La Nación
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