El ruido que oculta la mala gestión

pelado

El ruido político solo espanta a las mejores vacunas del mundo en un país con escasez de vacunas. Opositores y oficialistas se trenzaron en los últimos días sobre el frustrado contrato con la empresa Pfizer para la provisión de vacunas. El hecho de que haya aparecido la palabra “retorno”, como supuesto pedido de la exconducción del Ministerio de Salud a ese laboratorio norteamericano, podría ahuyentar a otras empresas medicinales norteamericanas proveedoras de vacunas (como Moderna y Johnson & Johnson, que fabrica el inmunizante Janssen). La ley norteamericana prohíbe a sus empresas pagar sobornos en el extranjero y prevé multas multimillonarias. “Si hay un temor de los laboratorios norteamericanos, es precisamente ser sospechados de prácticas corruptas”, dijo un médico que suele frecuentar a esas empresas. Sin embargo, el ruido es solo ruido, que esconde la conclusión innegable de que hubo ineptitud argentina para gestionar la compra de vacunas.

Veamos los hechos comprobados del diferendo con Pfizer. Ese laboratorio hizo en la Argentina el ensayo mundial más numeroso, que incluyó la vacunación de 5762 argentinos en el Hospital Militar de Buenos Aires. Las pruebas estuvieron a cargo de la Fundación Infant, que conduce el prestigioso infectólogo Fernando Polak. Se suponía (y se suponía bien) que el país tendría cierta prioridad en la provisión de vacunas luego de haber sido el laboratorio de ensayo más grande del mundo. Según trascendió de fuentes oficiales, Pfizer se había comprometido a enviar más de 13 millones de dosis a partir de diciembre pasado. Un primer problema sucedió cuando a la ley de inmunidad de los laboratorios se le incluyó en la Cámara de Diputados la palabra “negligencia” como causa para eliminar la inmunidad. Esa palabra fue agregada por la diputada cristinista Cecilia Moreau, según las grabaciones fílmicas de las sesiones de la Comisión de Salud. Incluso, en Juntos por el Cambio hubo cierta disidencia interna porque su bloque había apoyado esa ley. Luego, se aclaró lo que expresó públicamente con sinceridad el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou: “Los laboratorios fabricaron en cinco meses lo que en la historia les llevó siempre no menos de 5 o 6 años. Es lógico que pidan cierta inmunidad”. Pfizer no aceptó nunca esa palabra, “negligencia”, y el Gobierno no hizo nada por modificar la ley, aunque la oposición se mostró decidida a votar un eventual cambio de la legislación.

Más tarde se supo que el Ministerio de Salud, entonces a cargo de Ginés González García, le había reclamado a Pfizer un socio local y la transferencia de tecnología. Pfizer no podía hacer transferencia de tecnología porque sencillamente no la tenía terminada. El socio local era discutible, porque Pfizer tiene una fábrica argentina de conocidos medicamentos. Es cierto que México y Brasil también reclamaron transferencias de tecnología, pero no las pusieron como condición para la compra de vacunas. De hecho, Brasil adquirió 100 millones de dosis de la vacuna Pfizer. México lleva compradas más de 50 millones de dosis de ese inmunizante. La Argentina, que fue el principal banco de pruebas de Pfizer, no pudo comprar ninguna.

Dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 (AP Foto/Ted S. Warren, Archivo)
Dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 (AP Foto/Ted S. Warren, Archivo)

Sucedió en los últimos días que se colocó en boca de Patricia Bullrich, presidenta de Pro, la aseveración de que González García había pedido “retorno” (es decir, sobornos) para comprar la vacuna Pfizer. La oficina argentina de Pfizer desmintió esa aseveración. Consultada por LA NACION, Bullrich aclaró que ella nunca habló de “retornos”, sino de que González García había reclamado a Pfizer un socio local y que eso formaba parte de la “matriz kirchnerista de corrupción”. “Nunca comprometí a Pfizer en mi denuncia, ni siquiera recibiendo un pedido de retorno”, subrayó. Alberto Fernández le mandó en el acto a Bullrich al abogado Gregorio Dalbón para que le iniciara un juicio civil por daños y perjuicios. Dalbón es un especialista en tirar más barro en la cancha embarrada. Ahora bien, ¿cómo es posible que dirigentes políticos argentinos no puedan hablar entre ellos para aclarar las cosas y llevarlas luego al conocimiento público antes de ir a la Justicia? ¿Cómo, cuando lo que está en juego es la provisión de vacunas a los argentinos que carecen de vacunas?

Nunca se había escuchado antes una versión seria de que existió un pedido de sobornos a Pfizer, tal vez porque hubiera sido ciertamente increíble. Pfizer firmó un contrato de venta a la Unión Europea por 1800 millones de dosis. Así las cosas, ¿le podrían interesar sobremanera los módicos 13 millones de dosis que compraría la Argentina? El problema (y el interés) es de la Argentina, no de Pfizer. Los argentinos perdieron la oportunidad de contar con una cantidad significativa de una de las vacunas más prestigiosas que hay, autorizada por las principales agencias de control de medicamentos del mundo: la FED norteamericana, la EMA europea y la Organización Mundial de la Salud.

El escándalo de juicios y contrajuicios sirve, de todos modos, para ocultar el hecho cierto de que la Argentina es uno de los países en peores condiciones de vacunación. El país pudo contratar también la compra de 25 millones de dosis de vacunas del Fondo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, que son vacunas autorizadas por la más importante autoridad mundial en materia de salud y medicamentos. Solo compró 2.275.000 dosis, apenas un diez por ciento de lo que le correspondía. Mauricio Monsalvo, subsecretario del Ministerio de Salud, afirmó en su momento en la Cámara de Diputados que “optar por el piso mínimo (en la compra del Fondo Covax) fue una decisión inteligente”. Lo dijo cuando el Gobierno apostaba todas sus compras a los convenios bilaterales, sin intermediarios, sobre todo a las vacunas del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y a la rusa Sputnik V. El inmunizante de AstraZeneca tuvo luego varios problemas en el proceso de investigación de la vacuna, que demoró su producción, y más tarde privilegió la provisión de vacunas a Gran Bretaña, donde tiene su casa matriz. La Unión Europea le inició un juicio por incumplimiento de contrato, porque sospecha que privilegió a su país de origen. La Sputnik V no tiene todavía la autorización de la Organización Mundial de la Salud, menos aún de la europea EMA y de la norteamericana FDA. Esta fue una elección ideológica, según lo dijo implícitamente Cristina Kirchner cuando ponderó en un discurso público que los argentinos se están inmunizando con vacunas de Rusia y China. “¿Quién iba a decirlo?”, se ufanó. Mientras tanto, los argentinos que pueden pagan precios desmesuradamente altos por los pasajes aéreos para viajar a Miami o Nueva York y vacunarse allí con las vacunas que elijan (Pfizer, Moderna o Janssen). La ideología es una imposición de los que mandan a los que no pueden. Imposible mayor injusticia.

Es cierto que hay una escasez mundial de vacunas. La oferta es solo la sexta parte de la demanda. Por eso también es desmesurado hablar de sobornos para la compra de vacunas. La Argentina vacunó con las dos dosis solo al 5 por ciento de su población y con una dosis al 18 por ciento. España tuvo problemas de acceso a las vacunas, pero ya vacunó con una dosis al 38 por ciento de su población y con las dos dosis al 18 por ciento. Francia lo hizo con una dosis al 32 por ciento y al 14 con las dos dosis. Más cerca, Chile vacunó al 43 por ciento con las dos dosis. Uruguay inmunizó al 24,3 con las dosis completas y al 35,6 con una dosis. Todos demasiado lejos de los pobres porcentajes argentinos. Algo (o mucho) se gestionó mal en la Argentina, más allá del ruidoso espectáculo de la política de los días recientes. Alguien debería investigar por qué se perdieron tantas oportunidades.

Para peor (el kirchnerismo tiene siempre una receta peor), el ala más cerril del cristinismo salió ayer a pedir que no se pague la deuda con el Fondo Monetario ni con el Club de París en nombre de las necesidades de la pandemia. Proponen la ruptura con los organismos a los que la Argentina les debe y con los que el ministro de Economía, Martín Guzmán, está tratando de acordar plazos e intereses más generosos. Es la consecuencia de los discursos populistas del Presidente y de la vicepresidenta. Siempre habrá quienes los correrán por izquierda a los dos. La solución que promueven es más de los mismo. Después de rotas las negociaciones con los principales laboratorios del mundo, ahora habría que romper con los más importantes organismos multilaterales de crédito. Los argentinos se enferman y mueren entre la tontería y la nada.

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