Ya está en vigencia la ley 27.637, que amplía y otorga subsidios sobre la tarifa de gas para consumos residenciales en zonas frías, que van desde las patagónicas hacia el norte por la franja cordillerana, llegando hasta Salta, considerando las temperaturas invernales. El diputado Máximo Kirchner, iniciador de este proyecto, lo justificó con argumentos de claro corte populista. A pesar de ello, la ley contó también con el voto afirmativo de legisladores de la oposición pertenecientes a las provincias comprendidas, lo que no puede extrañar en épocas preelectorales. La ley estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031.
Se vuelve a cometer el error de conceder reducciones tarifarias con fines sociales o, dicho con menos eufemismos, políticos.
Una parte de esta reducción aplica indiscriminadamente para todo residente en las zonas elegidas. La consecuencia más obvia será un incremento del consumo de gas, incluyendo el utilizado para el calentamiento de piletas de natación, y serán subsidiados consumidores de alto poder adquisitivo que no necesitan ni pidieron ese regalo. Un incremento del consumo por el subsidio demandará más importaciones de gas, ya que la respuesta de los inversores privados será magra: pocos querrán arriesgar su dinero para ampliar la producción local si el Gobierno maneja caprichosamente las tarifas.
Senadores de provincias no beneficiadas por la reducción en la tarifa de gas, por no ser zonas frías, han lanzado un proyecto simétrico para subsidiar tarifas eléctricas de zonas cálidas
Esto ya ocurrió durante la presidencia de Cristina Kirchner, lo que exigió luego una difícil recuperación del retraso tarifario para asegurar la rentabilidad y despertar inversiones. Pero su retorno al poder ha vuelto las cosas a cauces equivocados. De hecho, el actual gobierno demoró la puesta en marcha del Plan Gas en el marco de una política general de desaliento a la inversión. Si algo no debe hacerse ahora es agravar el déficit fiscal creando nuevos subsidios, ni agrandar la cuenta de importaciones.
Enargas, el ente regulador, ha estimado que el número de usuarios subsidiados pasará de 780.000 a 4.000.000. El cálculo del costo fiscal está en el orden de los 3000 millones de pesos. La hipótesis de cubrir este requerimiento con el denominado Fondo Patagónico implicaría aumentar la alícuota del impuesto al gas con que se forma. En definitiva, más impuestos para más gastos: una carrera que ya superó sus límites.
El asistencialismo ha alcanzado en nuestro país niveles insostenibles. La pandemia solo los ha potenciado. La tesis de apelar a transformar planes sociales en trabajo no se condice con la cotidiana creación de nuevos subsidios. Menos aún si se los concreta a través de una amplia y desmesurada oferta y no a partir de una demanda que pueda considerarse razonable.
Lo más increíble de este caso es que ha servido de impulso para la frondosa imaginación de otros legisladores. En efecto, un grupo de senadores de provincias no beneficiadas en su inclusión como zonas frías han lanzado un proyecto simétrico para subsidiar las tarifas eléctricas de zonas cálidas. Pretenden electricidad barata para los artefactos de aire acondicionado. Con la firma del senador Edgardo Kueider, de Entre Ríos, y el acompañamiento de legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Salta y Formosa, se propicia un proyecto de creación de un Fondo Fiduciario para este subsidio. Si la carrera política continúa en este curso, no sería extraño que apareciera otro proyecto legislativo para el suministro gratuito de paraguas por parte del Estado en zonas lluviosas. Un vergonzoso sainete en un país que no resiste ya tamaño nivel de disparates.
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